Isabel Ciprian
Congreso Nacional.– Con la mirada puesta en corregir las demoras que históricamente han afectado el sistema de justicia dominicano, el Senado aprobó en primera lectura un proyecto de ley que modifica de forma sustancial el Código Procesal Penal. Esta iniciativa forma parte de una reforma integral al sistema penal y ha sido presentada como una respuesta urgente a la mora judicial que ha perjudicado tanto a víctimas como a imputados.
«Hay procesos que se extienden tanto que las personas mueren sin ver una decisión que les beneficie», advirtió el diputado Carlos Sánchez, miembro de la Comisión de Interior y Policía, al referirse a los estragos de los retrasos judiciales.
Límites al tiempo de juicio
Uno de los principales cambios que propone la reforma es establecer un límite en la duración de los procesos: cuatro años para casos ordinarios y cinco para los complejos. El objetivo es claro: garantizar una justicia más rápida y reducir las prisiones preventivas prolongadas.
«En materia penal, muchos imputados permanecen privados de libertad innecesariamente por culpa de la lentitud del sistema», agregó Sánchez. «Y en el ámbito civil la situación es aún peor: hay casos con sentencia firme que siguen empantanados por recursos y apelaciones».
El senador Pedro Martínez también respaldó la reforma, afirmando que “la esperanza de la víctima depende de que el proceso se resuelva en un plazo razonable. Esta reforma no es solo una promesa, es un mandato tanto para jueces como para fiscales”.
Novedades en el proceso penal
Entre los puntos más destacados del proyecto se incluye:
- Extradición simplificada: permitirá que un imputado acepte voluntariamente ser extraditado sin agotar el trámite completo ante el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia.
- Integración de tecnología en pruebas.
- Uso de agentes encubiertos con regulaciones claras.
- Guías para sentencias más coherentes.
- Devolución de bienes tras una absolución.
- Expansión del habeas corpus para prevenir detenciones arbitrarias.
Sandro Sánchez, miembro de la Comisión del Ministerio Público, señaló que más de 50 artículos han sido modificados en esta nueva versión del código, muchos de ellos adaptados a decisiones recientes del Tribunal Constitucional.
Llamado a una reforma inclusiva
La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) valoró el avance, pero pidió que el Congreso abra el debate a diversos sectores sociales. La organización considera que esta reforma debe aprovecharse para fortalecer el debido proceso, mejorar el uso de las medidas de coerción, proteger testigos y garantizar mayor agilidad y transparencia en la administración de justicia.
Ana María Soto Gross
