Paola Paulino
Una familia del municipio de Nizao denunció haber sido desalojada de forma irregular de un local comercial que administraban, a pesar de contar con sentencias judiciales a su favor, en un conflicto de herencia que involucra a un fiscal identificado como Melo.
Baní, provincia Peravia. — Una familia del municipio de Baní denunció que fue desalojada de manera irregular de un local comercial ubicado en la calle Máximo Gómez número 1, donde funcionaba un pequeño restaurante.
Richard Santana, hijo de la propietaria del inmueble, explicó que su madre, la señora Vicenta Madel, es la dueña mayoritaria del local y que, pese a contar con sentencias judiciales a su favor, fue sacada del lugar “ilegalmente”, en una acción que —según afirma— fue ejecutada por un fiscal identificado como señor Melo.
“Estamos pidiendo la intervención del procurador fiscal de Baní o de la procuradora general de la República, magistrada Yeni Berenice Reynoso, para que se revise la actuación del fiscal que ordenó este desalojo sin notificación previa ni autorización judicial válida. Mi madre tiene más del 50% de la propiedad y ellos, que apenas poseen un 36%, no pueden disponer del local como si fueran los únicos dueños”, declaró Santana.
El denunciante añadió que, tras el desalojo, “entregaron las llaves del establecimiento a otra persona” que actualmente ocupa el local, mientras su madre continúa a la espera de que las autoridades ejecuten una orden de restitución emitida a su favor.
Por su parte, la señora Vicenta Madel explicó que el local formaba parte de una herencia familiar y que ella lo mantenía en uso, con un joven que trabajaba en el restaurante para ayudar con los gastos de luz y agua.
“El fiscal Melo fue allá con otras personas, y mientras estaban en el baño contándose dinero, le dijeron al muchacho que me entregara la llave. Él se negó a dármela y se la entregó a uno de los hijos de mis familiares. Desde entonces, esa gente se quedó en mi propiedad”, narró Madel entre lágrimas.
Según la denunciante, el conflicto surgió tras la muerte de su esposo, cuando algunos familiares reclamaron parte de la herencia, a pesar de que —asegura— ella compró la parte que le correspondía al difunto hace más de 20 años.
“Yo tengo recibos y documentos que prueban que pagué más de un millón ochocientos mil pesos en ese tiempo. Ellos no son los dueños absolutos, pero me desalojaron sin derecho. Han dañado todo: rompieron la cisterna, la cocina, pusieron aire acondicionado nuevo y no me dejan entrar”, expresó.
Tanto Richard Santana como su madre piden a las autoridades judiciales revisar el expediente y garantizar el cumplimiento de la sentencia que ordena la restitución del local, asegurando que hasta la fecha “nadie ha querido ejecutar la orden, pese a estar vigente”.
Ana María Soto Gross
