SANTIAGO RODRÍGUEZ.– El Tribunal de Atención Permanente de esta provincia impuso medidas de coerción al sacerdote Anselmo Alejandro Peña Sánchez, investigado por presuntos actos de abuso sexual, luego de que su caso fuera expuesto en una investigación del programa El Informe con Alicia Ortega.
Como parte de la decisión judicial, la jueza dispuso arresto domiciliario en una residencia ofrecida por la defensa, el pago de una garantía económica de RD$500,000 mediante una compañía aseguradora, así como impedimento de salida del país sin previa autorización del Ministerio Público.
Durante la audiencia, la defensa del sacerdote intentó que el tribunal declarara prescrita la acción penal alegando que había transcurrido el tiempo máximo legal para procesarlo. No obstante, el tribunal rechazó el planteamiento por considerarlo extemporáneo y sin base legal en esta etapa del proceso.
El Ministerio Público argumentó que los hechos denunciados podrían constituir un delito de carácter continuado, lo cual imposibilita aplicar la prescripción hasta que no se determine con precisión cuándo cesaron los actos. La jueza coincidió con esta interpretación y permitió que el caso continúe su curso.
Alejandro Peña Sánchez ha sido asignado pastoralmente a al menos seis comunidades a lo largo de su trayectoria, entre ellas Villa Los Almácigos, Montecristi, Loma de Cabrera y actualmente en la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza, en Valverde.
De acuerdo con fuentes de la Iglesia, el sacerdote ya había sido suspendido por cerca de un año por una denuncia previa, aunque en ese entonces no se comprobaron los señalamientos. A raíz de las nuevas acusaciones, la diócesis de Mao-Montecristi confirmó que mantiene activados sus protocolos internos y ha prohibido al sacerdote ejercer funciones públicas mientras se desarrolla el proceso judicial.
En una entrevista previa con El Informe, Peña Sánchez optó por no comentar sobre las acusaciones, señalando que el asunto sería manejado exclusivamente por sus abogados.
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