SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra once agentes de la Policía Nacional, acusados de asociación de malhechores y homicidio voluntario en un hecho ocurrido el pasado 10 de septiembre en una plaza comercial del sector La Barranquita, en Santiago.
Los agentes enfrentan cargos por la muerte de cinco hombres identificados como Elvis Antonio Martínez Rodríguez (alias Deivito), Julio Alberto Gómez (la Tabla), Carlos Enrique Guzmán Navarro (conocido como Charly o Charli Chasc), Edward Bernardo Peña Rodríguez y José Vladimir Valerio Estévez.
Entre los imputados figuran los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco; el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez; el segundo teniente Domingo de Los Santos Vargas; los cabos Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad; el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz; el sargento Hairo Mateo Morillo; y los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña.
La solicitud fue presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago por el procurador adjunto Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público; la fiscal interina de Santiago, Quirsa Milagros Abreu; y los procuradores de corte Geraldo Andrés Ponce y Miguel Antonio Ramos.
El órgano acusador también pidió declarar el caso como complejo, al considerar que los imputados actuaron en conjunto no solo para cometer el hecho, sino también para encubrirlo. Según la solicitud, los policías involucrados intentaron ocultar evidencias claves, incluyendo la sustracción de dispositivos DVR de cámaras de seguridad de los negocios cercanos, así como teléfonos móviles de testigos presentes.
Además, se indicó que uno de los testigos logró grabar parte del incidente, pero los agentes le habrían quitado el celular para eliminar posibles pruebas. Incluso se reporta que los imputados contactaron al dueño de un negocio cerrado, solicitando el acceso para llevarse el DVR del local, como parte de un intento por encubrir lo ocurrido.
De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos constituyen violaciones a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores y el homicidio voluntario.
Tras el incidente, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ordenó una investigación exhaustiva para establecer con claridad las circunstancias en las que ocurrió el suceso y proceder judicialmente según los hallazgos.
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