Isabel Ciprian
MADRID. – La esposa del presidente del Gobierno español, Begoña Gómez, podría enfrentar un juicio con jurado popular, luego de que el juez Juan Carlos Peinado concluyera este miércoles la investigación en su contra por presunta malversación de fondos públicos.
Aunque la decisión no es definitiva y puede ser apelada, el magistrado considera que existen indicios sólidos de hechos delictivos que justificarían elevar el caso a juicio.
Según el auto judicial, Gómez habría contado con la colaboración de Cristina Álvarez, una funcionaria supuestamente contratada por la Presidencia del Gobierno para funciones oficiales, pero que, de acuerdo con la investigación, habría trabajado en actividades privadas vinculadas a la esposa del presidente Pedro Sánchez.
También figura como investigado Francisco Martín Aguirre, actual delegado del Gobierno en Madrid, quien habría gestionado la contratación de Álvarez cuando formaba parte de la Presidencia.
Sospechas de uso indebido de recursos públicos
El juez Peinado argumenta que la “amistad personal previa” entre Gómez y Álvarez habría sido determinante para el nombramiento de esta última en un puesto de confianza, lo que, de confirmarse, implicaría una “desviación de recursos públicos en favor de intereses privados”.
El juez ya citó a los tres investigados para este sábado por la tarde, momento en el que formalizará su propuesta de juicio ante el Tribunal del Jurado.
Gómez niega las acusaciones
En una declaración anterior ante el magistrado, el pasado 10 de septiembre, Begoña Gómez negó haber cometido irregularidades. Afirmó que, de forma ocasional, solicitó a Álvarez enviar “algún mensaje”, pero aseguró que la funcionaria “nunca” colaboró en sus asuntos profesionales.
Además de esta causa, el juez Peinado mantiene abierta otra investigación por posible corrupción y tráfico de influencias, centrada en si Gómez se benefició del cargo de su esposo para favorecer negocios privados. Esta causa ha sido motivo de tensiones con la Fiscalía, que pidió su archivo, y provocó una crisis política en abril, cuando Sánchez valoró públicamente la posibilidad de renunciar.
Crisis política por casos judiciales
El caso contra Begoña Gómez se suma a una serie de investigaciones que han debilitado políticamente al Gobierno de Pedro Sánchez. Esta misma semana, un tribunal desestimó el último recurso presentado por David Sánchez, hermano del presidente, dejándolo a un paso de ser enjuiciado por presunto tráfico de influencias vinculado a un contrato público firmado en 2017.
También enfrentan investigaciones el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el exnúmero tres del PSOE, Santos Cerdán, señalados por supuestas comisiones irregulares en contratos públicos. A esto se suma una causa abierta contra el fiscal general del Estado, nombrado por el propio Sánchez.
Desde la oposición, los llamados a dimisión se han intensificado. Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular (PP), escribió en la red X: “A este paso, el sanchismo va a necesitar un banquillo de los acusados más largo que la mesa del Consejo de Ministros. Dimisiones ya”.
El Gobierno ha respondido acusando a sectores de la derecha y la extrema derecha de orquestar una campaña judicial basada en denuncias infundadas.
Ana María Soto Gross
