Isabel Ciprian
Santo Domingo. – El Ministerio Público solicitó este jueves condenas de hasta 20 años de prisión contra Jairo Joel González Durán y otros cuatro acusados, implicados en una presunta red de estafa millonaria que habría defraudado a más de 400 personas mediante operaciones ilegales en el mercado de valores y criptomonedas.
Según la acusación, los imputados captaron ilegalmente más de 15.8 millones de dólares, 34 millones de pesos dominicanos y aproximadamente 3.3 millones de dólares en criptomonedas USDT (Tether), a través de una empresa que no contaba con la debida autorización para operar en el sistema financiero dominicano.
Acusaciones formales
El grupo enfrenta cargos por:
- Asociación de malhechores
- Estafa agravada contra particulares
- Estafa mediante medios electrónicos
- Ejercicio ilegal de operaciones del mercado de valores
- Lavado de activos
Los acusados son:
- Jairo Joel González Durán
- Kelmin Santos Rodríguez
- Leandro González Espinal
- Moisés Darío González Rodríguez
- William Mejía Martínez
El Ministerio Público sostuvo que la acusación fue probada más allá de toda duda razonable y que los implicados actuaron mediante oferta pública de inversión no autorizada, atrayendo a víctimas con promesas de alta rentabilidad. Posteriormente, los fondos captados fueron ocultados mediante maniobras propias del lavado de activos.
Peticiones de condena
Las condenas solicitadas por el Ministerio Público son las siguientes:
- Jairo Joel González Durán: 20 años de prisión, multa de 400 salarios mínimos, inhabilitación permanente para ocupar cargos en el sector financiero y decomiso de bienes adquiridos ilícitamente.
- Kelmin Santos Rodríguez y Leandro González Espinal: 10 años de prisión, multa de 200 salarios mínimos e inhabilitación definitiva en el mercado de valores.
- Moisés Darío González Rodríguez y William Mejía Martínez: 5 años de prisión, multa de 200 salarios mínimos e inhabilitación por 10 años.
También se solicitó que cuatro de los cinco acusados asuman el pago de las costas judiciales, excepto Leandro González Espinal, representado por un defensor público, a quien se le pidió compensar dichas costas.
Bienes a ser decomisados
El Ministerio Público solicitó el decomiso de múltiples bienes adquiridos con los fondos producto de la estafa, entre ellos:
- Apartamentos en el Distrito Nacional y en Playa Nueva Romana
- Oficinas en el condominio Náutica Business Center
- Vehículos de lujo como un Lamborghini Urus 2019, Audi Q8 2020, Lincoln Navigator 2021 y Chevrolet Tahoe 2017, entre otros
Modus operandi
Los fiscales explicaron que los acusados utilizaron plataformas digitales y redes sociales para promocionar falsas oportunidades de inversión en criptomonedas y mercado de valores, generando confianza entre los afectados.
Aunque simulaban cumplir con las normas legales, la empresa no estaba registrada ni autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores, por lo que todas sus operaciones eran ilegales y fraudulentas.
El proceso judicial
El juicio se desarrolla ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Arlin Ventura Jiménez (presidenta), Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez. El proceso inició el pasado 28 de abril y continuará el próximo miércoles, cuando se escucharán las conclusiones de las partes querellantes y las defensas.
El Ministerio Público está representado por el procurador general de corte Pelagio Alcántara, la fiscal Lewina Tavárez, el fiscal Miguel Pichardo y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.
Ana María Soto Gross
