Isabel Ciprian
San Juan. – Vieques, Culebra y otras comunidades puertorriqueñas viven hoy una creciente inquietud ante la intensificación de la presencia militar de Estados Unidos en la isla, motivada por las tensiones regionales con Venezuela. La posibilidad de un nuevo reposicionamiento de tropas, ejercicios bélicos y llegada de aviones de combate ha despertado viejos fantasmas en un pueblo que aún carga con las cicatrices de décadas de militarización.
Para muchos residentes, como Ilandra Guadalupe Maldonado, nacida en Vieques y miembro de la Alianza de Mujeres Viequenses, la historia amenaza con repetirse. “Da ansiedad, nervios, malestar, sabiendo bien cómo nuestra comunidad ha sido afectada directamente… no me gustaría pensar en una repetición de la historia”, expresó con pesar. Vieques fue utilizada durante más de 60 años como campo de tiro y prueba de armamento, una práctica que dejó un legado de contaminación ambiental y enfermedades, como una de las tasas de cáncer más altas del país.
Aunque la Marina fue expulsada en 2003 tras una histórica lucha cívica, la reciente reactivación de operaciones militares ha encendido las alarmas.
Apoyo del Gobierno local a la estrategia militar de EE. UU.
La gobernadora Jenniffer González ha dado su respaldo total al nuevo despliegue militar. Durante la visita del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, González reiteró el compromiso de Puerto Rico en la lucha contra el narcotráfico en el Caribe, llegando incluso a calificar al presidente venezolano Nicolás Maduro como «líder de un cartel».
«Esto acaba de comenzar», advirtió, confirmando que la isla será utilizada como base para maniobras de las Fuerzas Armadas, con operaciones aéreas, desembarcos anfibios y la llegada de diez aviones de combate F-35.
Su posición ha generado fuertes críticas desde sectores opositores y organizaciones civiles que ven esta estrategia como una peligrosa vuelta al pasado.
Ciudadanos movilizados: “No queremos ser base para invadir latinoamérica”
El rechazo popular no se ha hecho esperar. La organización Madres contra la Guerra ha convocado protestas y piquetes, denunciando la militarización como una amenaza directa a la paz, el medioambiente y la soberanía puertorriqueña.
“Denunciamos que Puerto Rico sea utilizado como trampolín para invadir países latinoamericanos. El Ejército practica para matar y no queremos que nuestros patios sean eso”, expresó su portavoz, Sonia Santiago, madre de un veterano de la guerra en Irak.
Desde el ámbito político, el senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adrián González, criticó duramente la actitud del Gobierno local, a la que calificó como una muestra de “completa sumisión”.
“No podemos olvidar que cuando EE. UU. abandonó Vieques, no fue por voluntad propia, sino por la presión del pueblo en una lucha pacífica que hizo historia”, sostuvo González, recordando la desobediencia civil masiva que logró expulsar a la Marina.
Una historia que no quieren repetir
Puerto Rico llegó a tener once bases militares activas durante el siglo XX. Actualmente, aunque varias han sido cerradas, otras siguen activas bajo uso de la Guardia Nacional: Buchanan, Fuerte Allen, Muñiz, Campamento Santiago y parte de Ramey y Roosevelt Roads.
La preocupación de que Puerto Rico sea nuevamente utilizado como punto estratégico militar, sin voz ni voto de su gente, revive tensiones históricas no resueltas en la isla.
Para muchos puertorriqueños, la lucha no es solo contra la presencia militar, sino también por memoria, dignidad y justicia ambiental. “Seis décadas de militarización nos dejaron una tierra contaminada, una salud quebrantada y una identidad herida”, lamenta Maldonado. “No podemos permitir que eso vuelva”.
Ana María Soto Gross
