Isabel Ciprian
Santo Domingo. – El Estado dominicano, junto a las empresas distribuidoras de electricidad EDESUR, EDENORTE y EDEESTE, presentó una querella penal contra exfuncionarios de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y un grupo de empresarios, por su presunta participación en un entramado de corrupción basado en contratos fraudulentos y sobrevalorados, que habría operado entre 2012 y 2020.
La acción legal, depositada ante el Ministerio Público el 14 de junio de 2021, fue firmada por el abogado Andrés Astacio Polanco, en representación del Estado, y redactada por un equipo legal encabezado por Miguel Valerio Jiminián, Ramón Emilio Núñez y José Figueroa Güílamo, bajo directrices del Poder Ejecutivo.
Principales acusados
Entre los principales señalados en la querella figuran:
- Jerges Rubén Jiménez Bichara
- Luis Ernesto de León Núñez
- Rubén Montás Domínguez
- Radhamés del Carmen Mariñez
- Julio César Correa
- Los empresarios Maxy y Gerardo Montilla Sierra
- Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina
Esquema de corrupción
Según la denuncia, los implicados habrían operado una red de corrupción desde la CDEEE, favoreciendo a más de 20 empresas mediante procesos amañados y violaciones a la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas. Entre las irregularidades documentadas se encuentran:
- Contratos sobrevalorados.
- Manipulación de licitaciones.
- Violaciones a los procedimientos legales de adquisición.
- Asociación ilícita entre funcionarios y empresarios.
Este esquema habría causado pérdidas multimillonarias al erario, afectando directamente los planes de expansión, modernización y mantenimiento del sistema eléctrico nacional.
Lo que reclama el Estado
La querella solicita al Ministerio Público:
- Admitir la querella y abrir una investigación penal formal.
- Imponer medidas de coerción, incluyendo prisión preventiva y embargos sobre bienes de los acusados.
- Anular los contratos fraudulentos.
- Procesar penalmente a los involucrados por los delitos de:
- Estafa agravada
- Prevaricación
- Coalición de funcionarios
- Falsificación
- Soborno
- Asociación de malhechores
- Lavado de activos
- Reconocer al Estado y a las EDEs como actores civiles con una demanda de RD$50 mil millones como indemnización provisional por daños y perjuicios.
Impacto económico y social
El documento detalla que los recursos desviados estaban destinados a:
- Compra de equipos eléctricos
- Expansión de redes
- Mejoras en el servicio energético
Entre las consecuencias identificadas se destacan:
- Proyectos inconclusos o no ejecutados
- Mayor dependencia del subsidio estatal al sector eléctrico
- Aumento de la carga fiscal sobre el presupuesto nacional
- Comunidades sin acceso a obras prometidas
Además del impacto económico, la querella subraya un grave daño a la confianza pública en las instituciones responsables del sistema eléctrico nacional.
