La Dirección General de Persecución del Ministerio Público solicitó al Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenas de hasta 10 años de prisión contra los miembros de una red criminal desarticulada mediante la Operación Gavilán, acusados de eliminar o modificar antecedentes penales a cambio de sobornos.
Durante el juicio, los fiscales Andrés Mena, Eduardo Velázquez y Miguel Crucey expusieron que los imputados manipularon la base de datos del Ministerio Público para favorecer a individuos condenados por delitos graves como homicidios por encargo, narcotráfico, agresiones sexuales, violencia de género, secuestro y adulteración de alcohol. Incluso, en algunos casos, se borraron antecedentes de personas condenadas a 30 años de cárcel.
El expediente también detalla que los implicados utilizaron a familiares y personas cercanas para mover dinero ilícito, con el que adquirieron bienes y servicios. Las pruebas presentadas abarcan medios digitales, testimonios, documentos, videos y peritajes que, según el Ministerio Público, evidencian de forma irrefutable la responsabilidad penal de los acusados.
Las condenas solicitadas
El órgano acusador pidió que los siguientes implicados reciban 10 años de prisión y multas equivalentes a 100 salarios mínimos del sector público:
- Pilar Yrenes Medina Trinidad de Dotel
- Dilcia Argentina Núñez Santos
- José Ramón Quezada Carmona
- Víctor Gilberto Mercedes Gómez
- Yokaira Elizabeth Carmona
- Romanqui Alexander Dotel Medina
- Luis Peña Cedeño (para este último también se solicitó la inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años)
Para otros acusados que admitieron los hechos y llegaron a acuerdos con el Ministerio Público, se solicitaron penas reducidas y en modalidad de prisión domiciliaria bajo las disposiciones del artículo 41 del Código Procesal Penal (CPP):
- Mártires Rosario Reyes: 7 años de prisión (3 años y 6 meses domiciliarios, y el resto suspendidos)
- Alfredo Mirambeaux: 8 años (6 domiciliarios y 2 suspendidos), además de una multa de cinco salarios mínimos
- Rubén Darío Morbán: 6 años (3 domiciliarios y 3 suspendidos), con multa incluida
- Domingo Julio Santana: 5 años (mitad domiciliarios, mitad suspendidos)
- Luis Alfredo Astacio Polanco: 6 años (3 domiciliarios y 3 suspendidos), más multa
Criterio de oportunidad y sanciones adicionales
Para Jancely Estala Arias López, Ashley Darleni Morbán Reyes y Laudelina Esther Reyes Silva, el Ministerio Público solicitó la aplicación de un criterio de oportunidad, conforme al artículo 370 numeral 6 del CPP, por tratarse de un caso complejo y vinculado al crimen organizado.
También se pidió la disolución definitiva de la empresa Nexcon Technology, involucrada en el caso, en aplicación de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos. Igualmente, se solicitó el decomiso de todos los bienes y evidencias utilizadas como medios o productos del delito.
Violaciones legales
Los cargos presentados incluyen violaciones múltiples al Código Penal Dominicano (artículos 123, 124, 125, 166, 167, 174, 175, 177, 265 y 266), así como a diversas leyes especiales:
- Ley 155-17 sobre Lavado de Activos
- Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología
- Ley 631-16 sobre Control de Armas
- Ley 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión
Por su parte, Nexcon Technology enfrenta cargos por lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en perjuicio del Estado dominicano.
El fallo fue reservado por los jueces Keyla Pérez Santana, Elías Santini y Arisleyda Santana, y será dado a conocer este jueves 28 de agosto a las 9:00 a.m.
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