El presidente Luis Abinader afirmó que el nuevo Código Penal de la República Dominicana, recientemente aprobado, representa un avance necesario, aunque no perfecto, frente al marco legal que ha regido desde el año 1884.
Durante su participación en La Semanal con la Prensa, el mandatario respondió a las críticas que ha generado la legislación en distintos sectores de la sociedad. “Es normal que la oposición presente críticas”, dijo Abinader, reconociendo que toda norma puede ser mejorada, pero subrayando que el nuevo código es “un paso adelante”.
“Tenemos un código atrasado, imperfecto, y necesitábamos uno que endureciera las penas y ayudara a llevar justicia al país”, expresó el jefe de Estado, en alusión al contexto de inseguridad y transformación social que vive la nación.
Una reforma esperada por décadas
El nuevo Código Penal reemplaza una legislación vigente por más de 140 años. Durante las últimas dos décadas, diversos intentos de reforma fracasaron ante la falta de consenso político, especialmente por la inclusión de temas controversiales como el aborto, los crímenes de odio o la corrupción.
Pese a que el texto aprobado no contiene todos los elementos que el propio presidente habría deseado incorporar, Abinader insistió en que representa una base sólida para la modernización del sistema de justicia penal dominicano.
“Es perfectible, pero era urgente. No podíamos seguir con una legislación del siglo XIX en pleno siglo XXI”, sostuvo.
Controversias y respaldo oficial
El nuevo código ha generado reacciones divididas. Mientras sectores de la sociedad civil han cuestionado la omisión de ciertos temas, el Gobierno ha defendido la medida como una herramienta clave para fortalecer la institucionalidad, mejorar la seguridad ciudadana y endurecer las sanciones contra el crimen.
La nueva legislación incorpora nuevas tipificaciones penales, penas más severas y actualizaciones acordes con las dinámicas delictivas contemporáneas, lo que supone un cambio sustancial respecto al código anterior.
Con su promulgación, se marca un hito en la historia legislativa del país, y se abre el camino para futuros ajustes que continúen adaptando el marco legal a los desafíos actuales.
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