Isabel Ciprian
Un trágico caso ocurrido en el sector Los Cocos ha sacudido a la opinión pública y puesto en evidencia la persistencia de la violencia de género, así como la desconfianza ciudadana en las instituciones de justicia. La víctima fue Nesla Garzón, una joven haitiana de 19 años, quien murió tras recibir múltiples golpes en el rostro y cráneo, presuntamente a manos de su pareja, Galbelto Morlan, de 22 años, también de nacionalidad haitiana.
Según informes policiales, el ataque ocurrió la madrugada del domingo en la calle Caonabo, en una zona marginada donde las tensiones sociales y económicas suelen potenciar la violencia doméstica. Tras descubrir el crimen, residentes del sector reaccionaron con furia y atacaron al supuesto agresor, quien murió a causa de los golpes antes de poder ser procesado por la justicia.
Una tragedia con múltiples capas
El crimen contra Nesla Garzón no solo pone en primer plano la gravedad del feminicidio, sino que también expone la vulnerabilidad de las comunidades migrantes y la creciente tendencia a la justicia por mano propia. La Policía Nacional recolectó como evidencia una maceta con mango amarillo que habría sido utilizada en la agresión.
La comunidad, visiblemente impactada, expresó su indignación mediante declaraciones que mezclan dolor, reflexión y llamados a resolver los conflictos sin violencia. “Ninguna mujer está obligada a estar con nadie… solo Dios tiene derecho de quitar la vida”, expresó un residente.
Justicia popular: ¿respuesta o problema?
El linchamiento del presunto agresor plantea un dilema social y legal. Aunque comprensible desde el punto de vista emocional, representa una grave transgresión al estado de derecho. Las autoridades indicaron que están investigando tanto el feminicidio como el homicidio del presunto victimario, reconociendo que se trata de dos crímenes distintos que requieren investigaciones separadas.
Contexto de crisis: violencia, migración y abandono institucional
Este caso refleja condiciones estructurales que se repiten en comunidades marginadas: pobreza, violencia de género, migración, exclusión institucional y ausencia de respuestas preventivas. La condición migratoria de ambos protagonistas agrava el escenario, dado que los servicios de protección y justicia suelen ser menos accesibles para personas en situación irregular o con barreras idiomáticas y legales.
Organismos especializados han advertido sobre la necesidad urgente de implementar programas focalizados de prevención de la violencia de género en comunidades vulnerables y migrantes. La educación, el acceso a servicios de apoyo y la mediación comunitaria son esenciales para evitar que tragedias como esta se repitan.
Un llamado a la acción
El asesinato de Nesla Garzón y la muerte de su presunto agresor deben servir como punto de inflexión. La violencia de género no puede ser enfrentada únicamente con respuestas reactivas. Requiere estrategias integrales de prevención, atención oportuna y fortalecimiento institucional.
Mientras tanto, el desafío para las autoridades será doble: esclarecer los hechos y, al mismo tiempo, reconstruir la confianza ciudadana en el sistema judicial. La memoria de Nesla debe impulsar acciones que garanticen protección real a las mujeres en situación de vulnerabilidad y promuevan una justicia que sea a la vez efectiva y legítima.
Ana María Soto Gross
