Un tribunal dictó arresto domiciliario como medida de coerción contra todos los imputados en la llamada Operación Lobo, según informó el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). Además, tres de los acusados recibieron impedimento de salida del país.
“Todos los imputados del proceso quedaron privados de libertad”, afirmó Camacho al detallar la decisión judicial. El tribunal también declaró el caso como complejo, lo que amplía los plazos legales para continuar con la investigación.
Durante sus declaraciones, el procurador criticó una aparente contradicción en el sistema judicial respecto al uso de acuerdos penales. “Desde el Poder Judicial se predica la necesidad de que haya más acuerdos en el proceso penal, pero en la práctica se emiten decisiones que podrían desincentivar esa vía”, expresó.
Camacho reiteró que el Ministerio Público mantiene su compromiso con la figura de los acuerdos, siempre que haya colaboración real por parte de los imputados. “Lo decimos en la teoría y lo hacemos en la práctica, y lo vamos a seguir haciendo”, subrayó.
Respecto al fondo del caso, el magistrado reveló que la red de corrupción relacionada con contratos de seguridad en instituciones públicas podría ser aún más amplia de lo que se ha presentado. “Vamos a ir por todo. Y no descartamos una Operación Lobo 2.0”, advirtió.
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