Isabel Ciprian
La Procuraduría General de la República recibió este jueves una denuncia formal contra los exintegrantes de la Cámara de Cuentas, quienes son acusados de haber paralizado durante cuatro años las auditorías externas en casos vinculados a corrupción administrativa.
La querella fue presentada por Virgilio Almánzar, presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH), y Domingo Rojas Pereyra, de la Fundación Nacional de la Juventud (FANAJUD), representados por los abogados Carlos Sánchez y Salvador Encarnación Peguero. La denuncia está dirigida a la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, con la solicitud de que la investigación recaiga en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Denuncian bloqueo de controles institucionales
Según los denunciantes, los exmiembros del órgano fiscalizador impidieron la realización de auditorías externas desde sus funciones, lo que habría dejado al país “sin fiscalización independiente” durante gran parte de su gestión. Como resultado, todas las auditorías quedaron en manos de la Contraloría General de la República, limitando la transparencia en el control del gasto público.
Los acusados son:
- Janel Andrés Ramírez Sánchez
- Elsa María Cataño Ramírez
- Tomasina Tolentino de McKenzie
- Mario Arturo Fernández Burgos
- Elsa María Peña Peña
La denuncia les imputa la violación de diversos marcos legales, incluyendo la Constitución, la Ley de Compras y Contrataciones (340-06), la Ley de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (53-07), y delitos como asociación de malhechores, concusión y coalición de funcionarios.
Vínculo con el colapso del voto automatizado en 2020
La querella también señala a los denunciados por su supuesta responsabilidad en el fallido proceso de voto automatizado implementado durante los comicios municipales de febrero de 2020. Según la instancia, pese a que la Cámara de Cuentas alertó sobre fallos en el sistema, sus máximos responsables no actuaron para prevenir el colapso.
El día de las elecciones, cientos de máquinas presentaron errores que impedían visualizar todos los candidatos en pantalla. Cuatro horas después del inicio del proceso, la Junta Central Electoral (JCE) se vio forzada a suspender los comicios, provocando una ola de críticas por parte de partidos políticos, observadores y votantes.
Los denunciantes señalan que la falta de una prueba integral del sistema automatizado, así como la inacción de las autoridades electorales y de control previo, agravaron la crisis institucional. Citan declaraciones posteriores del presidente de la JCE, quien reconoció públicamente que «se había cometido un error» al no realizar una prueba completa antes de su implementación.
Renuncias, presiones y posibles responsabilidades penales
El documento también recuerda que el entonces presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Andrés Ramírez, renunció en octubre de 2019, aunque luego revocó su decisión tras supuestas “presiones y chantajes” de otros miembros del pleno, hechos que los querellantes consideran relevantes para establecer posibles responsabilidades penales y éticas.
La denuncia ahora está en manos del Ministerio Público, que deberá determinar si existen méritos suficientes para abrir una investigación formal contra los exfuncionarios.
