Isabel Ciprian
La comunicadora Ingrid Jorge, conocida como “La Torita”, fue detenida ayer miércoles luego de que el tribunal le impusiera medidas de coerción en el marco de una querella por difamación interpuesta por el procurador Iván Feliz. La detención se mantendrá hasta que se formalice el pago de una garantía económica de un millón de pesos, dispuesta por el juez del caso.
Según explicó su abogado, Enrique Santelises, Jorge fue inicialmente declarada en rebeldía por presentarse tarde a la audiencia. No obstante, esa decisión fue anulada de inmediato tras su llegada. “Automáticamente llegamos, la presenté ante la Secretaría del Tribunal y la rebeldía fue levantada de oficio, como establece el artículo 100 del Código Procesal Penal”, detalló el jurista.
Tres medidas impuestas por el tribunal
Tras considerar la solicitud del Ministerio Público, el tribunal determinó que Jorge deberá cumplir con:
- Presentación periódica los primeros días de cada mes
- Impedimento de salida del país
- Garantía económica ascendente a RD$1,000,000
Santelises aclaró que la detención actual responde únicamente a un protocolo legal: “¿Por qué la dejan en la cárcel? Porque es el procedimiento hasta que se cumpla con el pago de la fianza. Tan pronto presentemos el contrato de garantía económica, ella quedará en libertad y el proceso continuará”.
La medida restrictiva tendrá una duración de seis meses, período durante el cual el Ministerio Público deberá presentar acusación formal y concluir la investigación.
Defensa cuestiona la proporcionalidad
El abogado calificó la decisión del tribunal como excesiva, argumentando que su clienta enfrenta serias limitaciones económicas. “No había necesidad de imponerle una garantía de un millón de pesos, cuando todo el mundo sabe que Ingrid Jorge atraviesa una situación económica insuficiente”, afirmó.
También cuestionó los fundamentos de la querella presentada por el procurador Iván Feliz, señalando que aún no se ha demostrado un daño real. “La sanción a un ciudadano debe ser proporcional. En este caso, todavía no se ha probado afectación alguna a la supuesta víctima”, sostuvo.
El caso seguirá su curso judicial en los próximos meses, en medio del debate sobre los límites de la libertad de expresión y el uso de medidas coercitivas en casos de supuesta difamación.
Ana María Soto Gross
