Los propietarios que desalojen a inquilinos sin agotar el debido proceso judicial podrían enfrentar penas de hasta cinco años de prisión, según establece el informe de una comisión especial de la Cámara de Diputados, encabezada por el legislador perremeísta Amado Díaz.
La propuesta forma parte del proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios, iniciativa impulsada por el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, que actualmente se encuentra bajo evaluación en el Congreso Nacional.
El artículo 51 del informe detalla que cualquier propietario, arrendador o abogado que ejecute un desalojo sin la autorización de un tribunal será sancionado con penas que oscilan entre tres y cinco años de reclusión, además del pago de una multa equivalente a entre 10 y 20 salarios mínimos del sector público.
Asimismo, el artículo 52 advierte que cualquier actuación abusiva o temeraria contra inquilinos será conocida en los tribunales, y en caso de que el abuso sea cometido por un alguacil o abogado, la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General deberán aplicar sanciones disciplinarias adicionales.
Proceso judicial obligatorio
El proyecto de ley incluye un capítulo completo dedicado a los procedimientos judiciales para resolver conflictos entre arrendadores y arrendatarios. Se establece que cualquier disputa será conocida por un juzgado de paz del lugar donde se ubique el inmueble en cuestión.
La propuesta ordena que, antes de iniciar un juicio, las partes involucradas deben intentar una conciliación. Si no se llega a un acuerdo, el juez deberá conocer el caso mediante audiencia y emitir una sentencia.
Con el fin de evitar procesos judiciales extensos, el artículo 36 establece un plazo máximo de 30 días para que el juez emita una decisión definitiva. Si se incumple ese plazo, la parte afectada puede solicitar al Consejo del Poder Judicial autorización para presentar una demanda contra el juez por “denegación de justicia”.
Próximo paso: debate en el hemiciclo
El informe elaborado por la comisión será discutido próximamente en una sesión del pleno de la Cámara de Diputados. Los legisladores decidirán si aprueban o rechazan la pieza, que busca modernizar y regular el régimen de alquileres y los procedimientos de desalojo en la República Dominicana.
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