Isabel Ciprian
Durante una vista pública celebrada en el distrito municipal de Zambrana, en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, residentes de seis comunidades expresaron su total rechazo al acuerdo firmado entre la empresa minera Barrick Gold, el Estado dominicano y presuntos representantes comunitarios. El pacto contempla el reasentamiento de familias para dar paso a la construcción de una nueva presa de colas, parte del proyecto de expansión minera en la zona.
Los comunitarios negaron categóricamente haber dado su consentimiento al acuerdo y denunciaron que la firma se llevó a cabo sin consulta previa ni participación real de las comunidades involucradas. “Este supuesto contrato fue firmado a espaldas de los verdaderos afectados. Nosotros no avalamos ese documento”, manifestó Concepción Sosa, líder comunitario, quien también denunció que al menos 119 familias han sido excluidas del proceso de reubicación.
Según Sosa, todos los residentes poseen títulos legales sobre sus terrenos, y consideran que el acuerdo carece de validez. “El Gobierno y la empresa quieren dejar a 119 familias debajo de un puente. Eso no lo vamos a permitir”, agregó.
Otra residente, identificada como Dorys, acusó a representantes de Barrick y del Estado de simular que el conflicto ha sido resuelto. Denunció, además, que la firma del acuerdo estuvo acompañada de presiones e intimidaciones. “Amenazaron a un miembro de la comisión con despojar a 12 familias de sus casas si no firmaba. Eso no es legal, ni justo”, afirmó.
La vocera también señaló que la comunidad de Las Tres Bocas jamás aprobó el acuerdo, ya que no se realizaron vistas públicas ni se presentó formalmente una propuesta de compensación. “No aceptamos que tasen una mata de cacao en tres mil pesos cuando genera mucho más. Esa es nuestra propiedad, y nadie tiene derecho a negociar en nuestro nombre sin permiso”, sentenció.
Durante el encuentro, los ánimos se caldearon cuando varios comunitarios expresaron su indignación por lo que consideraron un intento de “boicot” para impedir que expresaran sus puntos de vista. Algunos denunciaron intentos de obstrucción al evento por parte de actores vinculados al proyecto.
“El que no esté dispuesto a matarme, que no se atreva a entrar en mi propiedad. No vamos a aceptar esta imposición”, advirtió con firmeza una de las residentes.
La comunidad reiteró su rechazo absoluto a la construcción de la presa de colas y exigió que cualquier decisión sobre el uso de sus tierras se haga de forma transparente, justa y con la debida participación de quienes realmente serán afectados.
“Barrick no es bienvenida aquí. No queremos presa, no queremos que decidan por nosotros”, concluyeron.
Ana María Soto Gross
