Isabel Ciprian
El procurador adjunto Wilson Camacho anunció que el Ministerio Público apelará las medidas de coerción impuestas a los empresarios Antonio y Maribel Espaillat, imputados por homicidio involuntario y lesiones causadas por negligencia en relación con el colapso del techo del Jet Set Club el pasado 8 de abril, que dejó 235 personas fallecidas y más de 180 heridas.
La jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso a los imputados una garantía económica de RD$50 millones, presentación periódica e impedimento de salida del país. Aunque declaró el caso como complejo, la magistrada no acogió la solicitud de prisión preventiva para Antonio Espaillat ni el arresto domiciliario para Maribel, como había requerido el Ministerio Público.
Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, criticó duramente la decisión: “Creemos que el tribunal no ha valorado en su justa dimensión los hechos. Esta medida es una burla a las víctimas”. El procurador adjunto subrayó que los hermanos Espaillat priorizaron intereses económicos por encima de la seguridad de las personas que frecuentaban la discoteca, dejando un saldo trágico no solo en vidas perdidas, sino también en más de 130 niños que quedaron huérfanos.
Durante la audiencia, que duró alrededor de 14 horas, el Ministerio Público presentó más de 130 pruebas para sustentar su solicitud. Estas incluyen evidencias que, según los fiscales, demuestran que los imputados sobrecargaron el techo de la discoteca sin realizar estudios estructurales. Entre las modificaciones se encontraban la instalación de seis aires acondicionados industriales de entre 15 y 20 toneladas, además de tinacos de agua, lo que comprometió gravemente la integridad de la estructura.
Los fiscales sostienen que los hermanos Espaillat estaban al tanto de los riesgos, gracias a reportes constantes de empleados, fotografías y videos que mostraban el deterioro de la estructura, pero que optaron por soluciones paliativas e inadecuadas para ahorrar recursos.
Camacho también valoró que tanto los querellantes como el tribunal reconocieron la calidad de la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público, aunque lamentó que la legislación vigente basada en un Código Penal del siglo XIX limite la tipificación de conductas que, en otros marcos jurídicos, se considerarían culpa consciente o negligencia grave.
El equipo de fiscales que acompañó a Camacho incluyó a Rosalba Ramos, titular del Distrito Nacional, junto a Héctor García, Magalys Sánchez, Emmanuel Ramírez, Rosa Ysabel Mejía, Miguel Collado y Vladimir Viloria.
A medida que avanza el proceso judicial y se espera la decisión sobre la apelación anunciada por el Ministerio Público, crece la presión social por una resolución que refleje la magnitud de la tragedia que conmocionó al país.
Ana María Soto Gross
