El director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, manifestó su inconformidad con las medidas de coerción impuestas a los empresarios Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, tragedia ocurrida el pasado 8 de abril que dejó 236 muertos y más de 180 heridos.
Camacho consideró que la decisión judicial “se burla de las víctimas”, al entender que no responde a la gravedad de los hechos. La jueza Fátima Veloz, del Décimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, impuso una garantía económica de RD$50 millones, presentación periódica y prohibición de salida del país como medidas cautelares. Aunque el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público para declarar el caso como complejo, las sanciones dictadas fueron calificadas como insuficientes por el titular de la PEPCA.
Por su parte, la defensa de los hermanos Espaillat presentó documentos que muestran que su empresa, Inversiones E & L, S.R.L., ha indemnizado a más de 40 víctimas o sus familiares. Entre los beneficiarios se encuentran músicos de la orquesta de Rubby Pérez y familiares del propio cantante, como su hija Zulinka Yadhira Pérez, quien recibió ayuda económica tras la tragedia.
Los abogados de los imputados han solicitado al tribunal rechazar la prisión preventiva, alegando que no existe riesgo de fuga ni intención de entorpecer la investigación. Además, argumentaron que las acusaciones de negligencia dolosa se basan en declaraciones que han sido desmentidas por evidencia documental, incluyendo mensajes entre el excolaborador Gregory Adames y los empresarios, que demostrarían una relación laboral sin conflictos.
En un comunicado, la familia Espaillat defendió su actuación, asegurando haber cooperado con las autoridades desde el primer momento. Antonio Espaillat se encontraba fuera del país el día del colapso, pero regresó y ha estado disponible para las diligencias judiciales. También informaron haber contratado a un perito internacional para analizar las causas del derrumbe, como parte de su esfuerzo por esclarecer los hechos y preservar la evidencia.
La tragedia ha generado un fuerte debate en la opinión pública dominicana sobre el equilibrio entre justicia, responsabilidad empresarial y reparación a las víctimas. Aún con los procesos legales en marcha, la sociedad continúa exigiendo respuestas claras y acciones contundentes frente a uno de los peores desastres ocurridos en el país en tiempos recientes.
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