Isabel Ciprian
El juez Franny González, de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, tiene previsto pronunciarse este viernes sobre la solicitud de los abogados de las víctimas de la tragedia de la discoteca Jet Set, quienes buscan que el proceso contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat pase de homicidio involuntario a homicidio voluntario con dolo eventual.
La audiencia está pautada para las 9:00 de la mañana. La petición ha sido rechazada por la defensa de los propietarios del establecimiento, que considera que no existen nuevos elementos que justifiquen modificar la calificación jurídica de los hechos. El caso está relacionado con el desplome del techo de la discoteca, ocurrido el 8 de abril de 2025, que dejó 236 personas fallecidas y más de 180 heridas.
Durante la audiencia anterior, los abogados de los Espaillat sostuvieron que las pruebas presentadas no demuestran que sus defendidos actuaran con la intención de provocar la tragedia. Ramón Núñez, representante legal de Maribel Espaillat, afirmó que los elementos del proceso no acreditan que su clienta quisiera que ocurriera el derrumbe. En tanto, Miguel Valerio, defensor de Antonio Espaillat, también rechazó que el empresario actuara con esa intención.
Los representantes de las víctimas aclararon que su solicitud no busca que el tribunal determine de inmediato si hubo dolo eventual, sino que permita debatir una calificación penal diferente durante el juicio.
El abogado Plinio Pina sostuvo que en el proceso han surgido circunstancias que no fueron examinadas durante la etapa de instrucción, debido a que entonces no se reprodujeron las pruebas ni se escucharon los testimonios en las mismas condiciones. Por su parte, la abogada Emery Rodríguez cuestionó que el Ministerio Público no respaldara el planteamiento de los querellantes y criticó su posición frente a la solicitud.
Peritajes y testimonios forman parte del proceso
Mientras el tribunal conoce la petición, en el juicio se han presentado testimonios y evaluaciones técnicas sobre las condiciones de la estructura antes del desplome.
El ingeniero Leonardo Reyes Madera, director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE), expuso sobre la capacidad de carga del techo. Según los datos presentados durante el proceso, la estructura estaba prevista para soportar aproximadamente 160 libras por metro cuadrado, mientras que una evaluación estimó una carga cercana a las 625 libras por metro cuadrado. El peritaje relacionó esa sobrecarga con la colocación de varias capas de cemento.
También declaró Gregory Adames, exempleado y sobreviviente de la tragedia, quien aseguró que las filtraciones en el techo comenzaron antes de la pandemia y que informó reiteradamente a los propietarios. Según su testimonio, las reparaciones se realizaron con conocimiento y consentimiento de Antonio y Maribel Espaillat.
Asimismo, se han incorporado mensajes de WhatsApp que, de acuerdo con los querellantes, podrían aportar información sobre el conocimiento de los riesgos y las actuaciones posteriores al colapso. Estas evidencias deberán ser valoradas por el tribunal junto con el resto del expediente. El juicio inició el 28 de agosto de 2026. De acuerdo con el balance presentado sobre el proceso, se han celebrado alrededor de ocho audiencias y han declarado 15 de los 84 testigos incluidos en la acusación del Ministerio Público, que consta de 156 páginas.
Los hermanos Espaillat continúan en libertad bajo medidas de coerción que incluyen una garantía económica de 50 millones de pesos para cada uno, presentación periódica e impedimento de salida del país. Estas medidas fueron impuestas por la jueza Fátima Veloz y posteriormente ratificadas en apelación.
