El proyecto establece la verificación obligatoria de identidad y edad ante la JCE, prohíbe las tragamonedas en colmados y contempla la revocación de licencias por incumplir las medidas de protección a menores.
SANTO DOMINGO. — El proyecto de ley que busca regular los juegos de azar en República Dominicana plantea un nuevo esquema de controles para impedir que menores de edad tengan acceso a las apuestas, tanto en plataformas digitales como en establecimientos físicos.
Entre las principales disposiciones figura la obligación de las plataformas de apuestas por internet de verificar la identidad y la mayoría de edad de sus usuarios directamente con la Junta Central Electoral (JCE), antes de permitirles realizar depósitos o efectuar apuestas.
La medida, contemplada en el artículo 82, sustituiría el actual sistema basado en una declaración del usuario sobre su edad por un mecanismo de comprobación con los registros oficiales del Estado.
El proyecto también establece controles más estrictos en los establecimientos físicos. El artículo 27 prohíbe el ingreso de menores de 18 años a las salas de juego, mientras que el artículo 28 obliga a los operadores a solicitar un documento oficial de identidad para comprobar la edad de quienes ingresen.
Prohibición de tragamonedas en colmados
Otra de las medidas previstas es la prohibición de instalar máquinas tragamonedas en establecimientos de ocio o de venta de alimentos y bebidas donde puedan tener acceso menores de edad.
El artículo 70 menciona de manera expresa a los colmados, con lo que la iniciativa busca eliminar la presencia de este tipo de máquinas en negocios frecuentados por familias y menores.
En materia de publicidad, el artículo 37 prohíbe las campañas dirigidas a menores de edad, así como aquellas que utilicen elementos gráficos o narrativos que puedan resultar especialmente atractivos para este grupo.
Incumplir controles podría costar la licencia
Uno de los aspectos más relevantes de la propuesta es el régimen de sanciones. El artículo 44 establece que la falta de controles efectivos para impedir la participación de menores puede convertirse en una causa directa para cancelar o revocar la licencia de operación.
De aprobarse en esos términos, los operadores no solo se expondrían a sanciones económicas por incumplir las disposiciones, sino también a perder la autorización que les permite operar en el país.
La iniciativa busca establecer así un marco de mayor control sobre la industria de juegos de azar y reforzar las medidas de protección de los menores frente al acceso a las apuestas.






