Ana María Soto Gross
La República Dominicana logró una decisión favorable en un arbitraje internacional iniciado por el empresario francés Yves Martine Garnier, quien reclamaba al Estado dominicano más de US$100 millones, equivalentes a más de RD$5,882 millones.
El Tribunal Arbitral emitió su laudo el 19 de agosto de 2026 y rechazó en su totalidad las reclamaciones presentadas contra el país, bajo el acuerdo de inversión firmado entre República Dominicana y Francia en 1999.
El proceso comenzó el 4 de octubre de 2021 y fue administrado por la Corte Permanente de Arbitraje bajo el caso número 2022-01. La disputa estuvo relacionada con la terminación de un contrato de concesión para la gestión y recolección de residuos sólidos suscrito entre EGTT Dominicana, S.A., empresa vinculada a Garnier, y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este.
En su decisión, el Tribunal determinó que la terminación del contrato se realizó de manera válida conforme a la legislación dominicana, tomando en cuenta las deficiencias atribuidas a EGTT Dominicana en la prestación del servicio.
Asimismo, los árbitros concluyeron que los hechos expuestos por el demandante no constituían una violación de las obligaciones internacionales asumidas por la República Dominicana.
El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, valoró positivamente el resultado y destacó que la defensa de los intereses del Estado también implica demostrar el compromiso del país con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.
La defensa dominicana fue coordinada inicialmente por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), en conjunto con el Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Posteriormente se incorporó el Ministerio de Justicia, que, de acuerdo con la Ley núm. 80-25, tendrá a su cargo la representación del Estado en los procesos de arbitraje de inversión.
El Estado dominicano también contó con el respaldo de la firma internacional Foley Hoag LLP, a través de su oficina en Washington, D.C.
El Gobierno consideró este fallo como un resultado importante dentro de su política de defensa activa frente a controversias internacionales de inversión. La administración señaló que estas acciones buscan proteger los recursos públicos, fortalecer la seguridad jurídica y mantener la confianza de los inversionistas extranjeros en el país.
