La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional confirmó el embargo por RD$500 millones impuesto contra Antonio y Maribel Espaillat, en el marco del proceso judicial relacionado con el desplome del techo de la discoteca Jet Set, tragedia ocurrida el 8 de abril de 2025 que dejó 236 personas fallecidas y más de 180 heridas.
Con la decisión, permanecen vigentes las medidas de embargo conservatorio, embargo retentivo e hipoteca judicial sobre bienes, activos y valores vinculados a los imputados y a terceros civilmente demandados. Estas medidas habían sido dispuestas anteriormente por el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
La defensa de Antonio y Maribel Espaillat había recurrido la decisión y solicitado que se levantaran las medidas de coerción real, planteando como alternativa una fianza equivalente al monto establecido. Los abogados argumentaron que el embargo tendría un impacto significativo sobre el patrimonio de los procesados.
El recurso también alcanzaba a Evelyn Espaillat, Ana Grecia López y varias empresas relacionadas con el proceso, entre ellas Inversiones E y L, Radio Cadena Comercial, Difusora Hemisferio e Inversiones CCEP-2.
La medida de embargo fue ordenada el pasado 15 de junio, cuando el juez Raymundo Mejía dispuso la apertura a juicio de fondo contra los hermanos Espaillat y autorizó la aplicación de embargos e hipotecas judiciales hasta por RD$500 millones.
Antonio y Maribel Espaillat enfrentan actualmente un juicio de fondo por su presunta responsabilidad en el colapso del techo de la discoteca Jet Set. El Ministerio Público los acusa de una presunta violación de los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano, relativos al homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias.
El juicio comenzó a finales de agosto con la lectura de la acusación presentada por el Ministerio Público, así como de las querellas interpuestas por las víctimas y sus familiares.
La decisión de la Corte de Apelación mantiene, por tanto, las medidas patrimoniales mientras continúa el proceso judicial para determinar las responsabilidades correspondientes por la tragedia.






