Ana María Soto Gross
Un testimonio clave permitió esclarecer parte de un ataque a tiros ocurrido en marzo de 2025 contra un negocio de bebidas en el sector Capotillo, Distrito Nacional, donde dos personas resultaron heridas y que terminó con una condena de 30 años de prisión para dos acusados.
El hecho ocurrió la noche del 9 de marzo en el establecimiento WhatsApp Drink, cuando, según la investigación, dos hombres encapuchados aprovecharon un apagón para salir de un callejón y disparar contra el local, donde se encontraba la propietaria María Teresa Núñez.
De acuerdo con la sentencia del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el ataque habría sido un intento de sicariato coordinado desde un centro penitenciario y ejecutado por personas contratadas para cometer el crimen.
Por el caso fueron condenados Ángel Gabriel Aquino Acevedo y Juan Manuel Méndez Pérez, quienes fueron hallados culpables de asociación de malhechores, tentativa de asesinato y violaciones a la Ley de Armas. Ambos deberán cumplir la pena en los centros penitenciarios donde permanecían bajo prisión preventiva.
Durante la balacera, la propietaria del negocio logró protegerse al lanzarse al suelo, pero los atacantes continuaron disparando, provocando heridas a Salvador Emilio Carvajal y a un adolescente de 16 años. El tribunal ordenó además una indemnización de cinco millones de pesos a favor de los afectados.
Como parte de las evidencias presentadas, las autoridades recolectaron 13 casquillos en la escena, nueve de ellos compatibles con el arma utilizada durante el proceso judicial. También fueron analizadas grabaciones de seguridad donde se observaban dos atacantes con prendas oscuras y capuchas.
La pieza central del proceso fue la declaración de un testigo identificado como W.F.V., quien afirmó que fue contactado para participar en el atentado, pero rechazó formar parte del plan y posteriormente reveló información sobre la supuesta organización del ataque.
El testimonio, ofrecido mediante Cámara Gesell, fue valorado junto a las pruebas audiovisuales, testimonios y análisis balísticos, permitiendo al tribunal establecer la responsabilidad de los dos condenados.
Sin embargo, la sentencia no reveló la identidad de la persona que presuntamente habría coordinado el ataque desde prisión ni el motivo exacto por el cual se habría ordenado atentar contra la propietaria del establecimiento.
Tras el fallo, surgieron versiones que vinculan el hecho con posibles conflictos entre grupos del sector Capotillo, aunque estas afirmaciones no han sido confirmadas mediante pruebas presentadas públicamente.
Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si existen otros involucrados y esclarecer quién habría dado la orden detrás del atentado.
