La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de captura contra el expresidente Evo Morales, a quien acusa de presunta responsabilidad en una serie de delitos relacionados con las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio pasado, movilizaciones que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La medida fue dispuesta por el fiscal Brayan Melgar y contempla acusaciones por presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, además de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
Según la investigación, Morales habría tenido participación en las movilizaciones impulsadas durante siete semanas por sectores campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), grupos que realizaron bloqueos principalmente en regiones del occidente y centro del país con la exigencia de la salida del mandatario boliviano.
Las autoridades señalan que los bloqueos provocaron una crisis de abastecimiento en varias ciudades, afectando la distribución de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal. Además, los cortes de vías dejaron al menos 16 personas fallecidas, 13 de ellas debido a la imposibilidad de recibir atención médica a tiempo, y generaron pérdidas económicas estimadas en más de 3,000 millones de dólares.
La denuncia contra el exgobernante fue presentada a inicios de julio por dirigentes cívicos de Santa Cruz, considerada la región económicamente más importante de Bolivia, y posteriormente recibió el respaldo del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.
La acción judicial también alcanza al dirigente de la Central Obrera Boliviana, Marco Argollo, y al líder campesino de La Paz, Vicente Salazar, quien permanece bajo detención preventiva desde el pasado 6 de julio por una investigación vinculada a los mismos acontecimientos.
Evo Morales ha rechazado las acusaciones en su contra y negó haber promovido una campaña para provocar la salida del presidente Rodrigo Paz. El exmandatario afirmó que las movilizaciones tenían como objetivo exigir respuestas del Gobierno a las demandas de los sectores sociales involucrados.
Sin embargo, durante el desarrollo del conflicto, Morales publicó un mensaje en la red social X en el que aseguró que el presidente Paz tenía únicamente “dos caminos” frente a la crisis: militarizar el país o convocar a nuevas elecciones en un plazo de 90 días.




