Ana María Soto Gross
La empresa minera Falconbridge Dominicana (Falcondo) enfrenta una nueva controversia en medio de su proceso de reestructuración, luego de que 82 de sus exempleados reclamaran el pago de aproximadamente 300 millones de pesos por concepto de prestaciones laborales tras la terminación de sus contratos.
Los trabajadores fueron desvinculados de la empresa el pasado 2 de marzo, en un contexto marcado por la paralización de las operaciones y la situación de insolvencia que atraviesa la minera, la cual permanece sometida a un proceso legal de reestructuración mercantil.
Uno de los extrabajadores, quien habló en representación del grupo y prefirió mantener su identidad en reserva, explicó que entre los afectados figuran empleados de distintas áreas, incluyendo personal de seguridad, bomberos, secretarias, finanzas y operaciones.
Según explicó, la empresa les solicitó permanecer en sus puestos de trabajo durante un tiempo debido a que contaban con la experiencia técnica necesaria para apoyar un eventual reinicio de las operaciones o facilitar la transición a un posible comprador o inversionista interesado en reactivar la producción de ferroníquel.
Los exempleados denunciaron previamente, mediante un espacio pagado, que Falcondo ha justificado el retraso en el pago de sus prestaciones alegando que notificó a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y al Ministerio de Trabajo su intención de utilizar créditos fiscales correspondientes al Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) para cubrir las obligaciones laborales pendientes.
No obstante, la Dirección General de Impuestos Internos habría expresado su disposición de liberar esos recursos, aunque condicionó el desembolso a la autorización del tribunal que conoce el proceso de reestructuración mercantil de la empresa, procedimiento al que Falcondo se acogió durante el mismo período en que fueron cancelados los trabajadores.
Mientras el proceso judicial continúa su curso, los extrabajadores mantienen su reclamo para que se les paguen las prestaciones que, aseguran, les corresponden conforme a la legislación laboral dominicana.
Hasta el momento, la administración de Falcondo no ha ofrecido una posición pública sobre las reclamaciones. Diversos medios han intentado obtener una reacción oficial de la empresa durante los últimos meses, sin recibir respuesta.
