Isabel Ciprian
El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, presentó ayer jueves ante las comisiones de Justicia de las cámaras legislativas un informe detallado sobre los logros alcanzados por el Poder Judicial en el periodo 2019-2024. Durante su intervención, destacó avances significativos en la reducción de la mora judicial, el acceso a los servicios y la transparencia institucional.
Molina subrayó que la SCJ ha logrado resolver 48,717 recursos de casación bajo el programa «Cero Mora», eliminando así expedientes acumulados desde antes de 2023. Para finales de 2024, la Segunda Sala de la SCJ cumplió su meta de no tener casos con más de seis meses de antigüedad, un logro histórico después de 42 años de acumulación de casos.
“Este esfuerzo ha impactado positivamente todos los tribunales del país, logrando que, para marzo de 2025, el 72% de los tribunales estén al día. Esto significa que la mayoría de los tribunales de la República han superado la mora judicial”, aseguró Molina.
El magistrado también destacó la implementación de la Ley Núm. 339-22, que facilita el uso de tecnologías digitales en los procesos judiciales. Como parte de estos avances, se ha digitalizado el expediente judicial en su totalidad, permitiendo que más de cinco millones de documentos jurisdiccionales sean firmados electrónicamente desde 2020. Además, las audiencias virtuales han sido implementadas para tribunales civiles, comerciales y laborales, facilitando el acceso a la justicia.
Otro logro importante es la adopción del Sistema de Gestión de Casos (SGC), que ha simplificado la tramitación electrónica de expedientes. También se implementó un sistema de transcripción automática en 31 tribunales, lo que ha reducido en un 80% el tiempo de elaboración de actas de audiencia.
En el ámbito de la infraestructura, Molina destacó la inauguración del Palacio de Justicia de Jarabacoa, que ha acercado los servicios de justicia a más de 57,000 personas. Asimismo, anunció que la construcción de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este beneficiará a más de 800,000 ciudadanos, y la construcción del Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste mejorará el acceso a la justicia para los residentes de esa zona.
El Poder Judicial también ha logrado avances significativos en la emisión de títulos de propiedad en el marco del Plan de Titulación del Ejecutivo, con más de 200,000 títulos emitidos en los últimos cuatro años. Además, se ha implementado un sistema de alertas registrales y se ha fortalecido la digitalización y automatización de procesos en el Registro Inmobiliario.
En términos de transparencia, Molina mencionó el lanzamiento del Observatorio del Poder Judicial, diseñado para promover la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el acceso a la información sobre el sistema judicial.
A nivel internacional, Molina destacó el papel de República Dominicana como Secretaría Pro Tempore de la XXII Cumbre Judicial Iberoamericana, que se celebrará en mayo de este año en Santo Domingo. Además, el país lidera el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, impulsando agendas comunes sobre temas clave como la justicia abierta, la ética judicial y la igualdad de género.
Durante la presentación, los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Ricardo de los Santos Polanco y Alfredo Pacheco, respectivamente, expresaron su apoyo al Poder Judicial. Pacheco destacó la importancia de institucionalizar este tipo de encuentros, que fortalecen la relación entre los dos poderes del Estado y contribuyen a la transparencia.
En cuanto a reformas, el juez presidente abogó por la eliminación de las tasas judiciales y la aprobación urgente de tres piezas legislativas cruciales para la modernización del sistema de justicia: la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Optimización de los Procesos Judiciales y la actualización de la Ley de Registro Inmobiliario. Estas reformas, aseguró Molina, son esenciales para garantizar la eficiencia, la transparencia y la seguridad jurídica en el país.
El presidente de la SCJ concluyó su intervención destacando que, con el apoyo del Congreso Nacional, estos avances consolidarán una transformación sostenible en el sistema judicial, lo que no solo mejorará el acceso a la justicia, sino que también contribuirá al desarrollo económico y la seguridad jurídica en la República Dominicana.
