Isabel Ciprian
El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Vega dictó auto de apertura a juicio contra tres personas acusadas de actuar como testaferros dentro de la presunta red de lavado de activos provenientes del narcotráfico que encabezaría Miguel Arturo López Florencio, alias «Micky López».
La jueza Wendy de Jesús Mueses acogió en su totalidad la acusación presentada por el Ministerio Público y validó todas las pruebas presentadas contra Manuel Antonio Inoa Valdez, María Altagracia Cepeda Suárez y la empresa fachada Inversiones Inmobiliaria Cutupú SRL, supuestamente utilizada para encubrir operaciones financieras ilícitas.
Millonarios bienes sin respaldo económico
De acuerdo con la investigación, los imputados figuraban como socios de la referida empresa, que posee al menos 20 inmuebles, incluyendo la mansión donde reside López Florencio. Los acusados, sin embargo, no cuentan con ingresos que justifiquen tales propiedades: Inoa Valdez figura como chofer y Cepeda Suárez como ama de casa.
Los bienes han sido valorados en RD$183,386,000, mientras que la empresa manejó entre 2015 y 2019 ingresos por más de RD$250 millones, con movimientos financieros que superan los RD$434 millones, montos considerados incompatibles con el perfil económico de los señalados.
Vínculos familiares con la estructura delictiva
El expediente también detalla la conexión directa de los imputados con la familia López Pilarte: Inoa Valdez y Cepeda Suárez son cuñados de Rosa Amalia Pilarte López, esposa de Micky López y condenada por lavado de activos por la Suprema Corte de Justicia.
El Ministerio Público sostiene que este entramado familiar era una pieza clave en el mecanismo de encubrimiento y colocación de activos obtenidos del narcotráfico.
Cargos y base legal
La acusación formal incluye la violación a múltiples disposiciones de la Ley 155-17 sobre lavado de activos, así como infracciones a la Ley Monetaria y Financiera (83-02) y al Código Tributario (Ley 11-92).
El equipo de fiscales está compuesto por Ramona Nova Cabrera (Procuraduría Especializada Antilavado), Aura Luz García Martínez (fiscal titular de La Vega), Claudio Cordero Jiménez (fiscal investigador) y Hitler Sánchez (fiscal litigante), quienes subrayan que el caso representa un avance importante en el desmantelamiento de las estructuras económicas del crimen organizado. El juicio constituye una nueva fase en uno de los procesos más relevantes por lavado de activos en la República Dominicana en los últimos años.
Ana María Soto Gross
