Isabel Ciprian
El jurista Dionisio Ortiz Acosta informó que el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados de la República Dominicana emitió la sentencia TDH-014-2026, mediante la cual ordena la suspensión por un año en el ejercicio profesional de los abogados que representaban a María Amelia Hazoury, tras comprobar violaciones al Código de Ética del Abogado.
Según explicó, los abogados Lilia María Fernández León, Mariel María León Lebrón y Joel del Rosario Alburquerque, de la firma León & Raful, fueron declarados culpables de infringir varios artículos del código ético, al incurrir en prácticas procesales previamente cuestionadas y sancionadas por distintos tribunales del país.
Decisión del CARD
Ortiz Acosta indicó que esta sanción es el resultado de un proceso disciplinario sustentado en más de 20 decisiones judiciales, tanto de tribunales de primera instancia como de cortes de apelación, que ya habían identificado conductas temerarias, abusivas y contrarias al debido proceso.
El tribunal determinó que los profesionales incurrieron en el uso indebido de acciones judiciales, promovieron medidas sin base legal y mantuvieron prácticas que violan principios como la buena fe y la lealtad procesal.
Origen del conflicto
El caso se originó en el proceso de separación de bienes tras el divorcio entre Juan Rafael Llaneza y María Amelia Hazoury. De acuerdo con el jurista, durante este proceso se ejecutaron acciones legales sin fundamento que afectaron no solo a Llaneza, sino también a empresas y terceros sin relación con el conflicto. Incluso, la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ya había señalado irregularidades en estas actuaciones, calificándolas como temerarias y de mala fe.
Un precedente importante
Ortiz Acosta valoró la decisión como un precedente relevante para el ejercicio del derecho en el país, al reafirmar que los abogados deben actuar dentro de los límites éticos y legales.
Destacó que esta sanción no solo busca castigar las faltas cometidas, sino también proteger a terceros afectados y fortalecer la confianza en el sistema judicial dominicano.
Ana María Soto Gross
