Isabel Ciprian
Por tercera vez, un juzgado de instrucción de Barcelona ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por la Asociación de Abogados Cristianos para impedir que Noelia Castrillo, una joven de 25 años, acceda a la eutanasia que lleva años solicitando debido a un sufrimiento persistente. La decisión fue firmada este 26 de marzo de 2026 por la magistrada M.ª Eva Moltó Guardiola, titular de la plaza n.º 20 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona.
El auto judicial desestimó nuevamente tanto la suspensión del procedimiento como la imposición de un tratamiento psicológico y psiquiátrico previo a la aplicación de la eutanasia, reafirmando el cumplimiento de la legislación española que regula esta práctica. España permite que pacientes con sufrimiento grave, crónico o incurable soliciten ayuda para morir, siempre bajo estrictas condiciones médicas, legales y éticas.
La normativa vigente establece que el proceso requiere evaluaciones médicas independientes, garantías de consentimiento informado y supervisión institucional, elementos que han sido determinantes en las decisiones judiciales adoptadas hasta ahora. Los defensores de Noelia destacan que su solicitud se basa en problemas de salud crónicos que afectan significativamente su calidad de vida y generan un sufrimiento intenso e ininterrumpido.
Por su parte, la Asociación de Abogados Cristianos ha intentado reiteradamente frenar el procedimiento alegando la necesidad de intervenciones psicológicas adicionales, argumentando la protección de la vida y posibles alternativas terapéuticas. Sin embargo, los tribunales han considerado que los requisitos legales se han cumplido y que la decisión final corresponde al marco normativo establecido para casos de eutanasia en España.
El caso de Noelia Castrillo vuelve a situar en el debate público la discusión sobre la eutanasia, la autonomía de los pacientes y los límites de la intervención judicial en decisiones personales relacionadas con la muerte asistida, un tema que sigue generando amplias divisiones sociales y éticas en el país.
Ana María Soto Gross
