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Permisos mineros en la Cordillera Septentrional generan debate por alcance de concesiones

Santo Domingo. — Al menos tres autorizaciones de exploración minera han sido otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas para intervenir zonas montañosas de la Cordillera Septentrional, según hallazgos preliminares de una comisión ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Los permisos corresponden a los proyectos Cobre-El Hoyazo II, Lluvia de Oro y Monte Hoyazo, vinculados a las empresas Vertrixi Holding S.R.L., Proyecto Minero Gold Rain S.R.L. y Unigold Resources Inc., respectivamente. Las informaciones forman parte de un informe en preparación al que tuvo acceso el periódico LISTÍN DIARIO.

De acuerdo con el documento R-MEM-CM-013-2024, a Vertrixi Holding se le autorizó la exploración de oro, plata, cobre y metales básicos en una extensión de 8,931.01 hectáreas entre Puerto Plata y Santiago, abarcando múltiples municipios, distritos municipales y comunidades rurales de la zona.

El expediente detalla además una amplia lista de parajes incluidos dentro del área concesionada, lo que evidencia la magnitud territorial del proyecto en la región norte del país.

Por otro lado, el documento R-MEM-CM-006-2024 establece la concesión “Lluvia de Oro”, otorgada al Proyecto Minero Gold Rain S.R.L., con una extensión de 3,500 hectáreas en la provincia Puerto Plata, abarcando los municipios de Altamira, Imbert y Guananico, junto a varias secciones y comunidades.

En cuanto a la concesión Monte Hoyazo, asociada a Unigold Resources Inc., figura en el Sistema de Gestión de Concesiones Mineras desde diciembre de 2020 como “en revisión”. Sin embargo, el informe preliminar de la comisión de la UASD indica que en la zona ya se estarían realizando trabajos de exploración.

El estudio también advierte sobre aspectos contenidos en la resolución del proyecto Cobre-El Hoyazo II, donde se contempla la posibilidad de que la empresa pueda solicitar futuras concesiones de explotación en el área explorada, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en la legislación minera.

Este punto ha generado preocupación en sectores comunitarios y religiosos, que temen un eventual paso de la exploración a la explotación en áreas sensibles de la Cordillera Septentrional, mientras se espera la publicación del informe final de la comisión de la UASD.