Isabel Ciprian
Santo Domingo.– En 2024, Melitón Cordero fue distinguido mediante el decreto 520-24 con la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el grado de Caballero, otorgada por el presidente Luis Abinader, tras convertirse en el primer dominicano en supervisar la Drug Enforcement Administration (DEA) en la República Dominicana.
No obstante, el exfuncionario se encuentra actualmente bajo arresto en Estados Unidos, acusado de presunta conspiración para cometer soborno y fraude de visas dentro de esa misma agencia.
El decreto oficial resaltaba “los altos merecimientos” de Cordero por sus aportes en la lucha contra el narcotráfico y su papel en el fortalecimiento de la cooperación entre agencias dominicanas dedicadas a combatir ese delito. La disposición fue emitida tras escuchar el parecer del Consejo de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella y en virtud de las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo por el artículo 128 de la Constitución.
Arresto y acusaciones en Washington D.C.
De acuerdo con informaciones de autoridades federales estadounidenses, Cordero —de 47 años— fue arrestado en Washington D.C. y acusado ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos por presunta conspiración para soborno y fraude migratorio.
Según los documentos judiciales, el exsupervisor habría acelerado alrededor de 119 solicitudes de visa, al menos una de ellas presuntamente fraudulenta. Además, se le señala por orientar a solicitantes antes de sus entrevistas consulares y por supuestamente recibir miles de dólares a cambio de facilitar visas de no inmigrante para ingresar temporalmente a Estados Unidos.
Cordero estuvo asignado durante seis años a la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo como parte de sus funciones dentro de la DEA.
Reacción de la DEA
El administrador de la DEA, Terrance Cole, afirmó que las acciones atribuidas al acusado no representan el trabajo de los miles de agentes que integran la institución. La agencia reiteró su política de tolerancia cero frente a la corrupción y aseguró que coopera plenamente con las autoridades competentes.
Asimismo, informó que el personal asignado a la República Dominicana está siendo reubicado mientras se revisa el caso.
Las autoridades recordaron que la acusación formal constituye una imputación y no una prueba de culpabilidad. Conforme al sistema judicial estadounidense, todo acusado se presume inocente hasta que se demuestre su responsabilidad más allá de duda razonable en un tribunal.
Ana María Soto Gross
