Isabel Ciprian
La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional la concesión que desde 1997 permitía a la empresa hongkonesa CK Hutchison Holdings operar los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en ambas entradas del canal de Panamá. La decisión fue rechazada tanto por la compañía como por el gobierno chino, que advirtió que tomará medidas para salvaguardar los intereses de sus empresas.
El fallo se produce en un contexto geopolítico sensible, marcado por las reiteradas declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump, quien ha insistido en que China ejerce control sobre el canal y ha amenazado con “recuperarlo”. Estados Unidos y China figuran entre los principales usuarios de esta ruta estratégica, por donde circula cerca del 5 % del comercio marítimo mundial.
Según un comunicado oficial, el pleno del máximo tribunal panameño invalidó las leyes que dieron sustento al contrato mediante el cual Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, administraba los referidos puertos. La nulidad había sido solicitada por la Contraloría General de la República, que el año pasado presentó demandas al considerar que la concesión violaba la Constitución y presentaba irregularidades.
El presidente panameño José Raúl Mulino había calificado en reiteradas ocasiones el contrato como “leonino” y contrario a los intereses nacionales, pese a que en 2021 había sido renovado por un período adicional de 25 años.
En respuesta, PPC afirmó que la sentencia carece de sustento legal y advirtió que pone en riesgo no solo la estabilidad del contrato, sino también el sustento de miles de familias panameñas que dependen de la actividad portuaria. A esta postura se sumó el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, cuyo portavoz, Guo Jiakun, aseguró que Pekín adoptará todas las acciones necesarias para proteger los derechos legítimos de sus empresas.
El gobierno de Hong Kong también rechazó el fallo, denunciando cualquier intento de gobiernos extranjeros de interferir, mediante presiones o mecanismos coercitivos, en las relaciones comerciales.
Venta paralizada y efectos económicos
La decisión judicial impacta directamente el proceso de venta anunciado por CK Hutchison en marzo de 2025, que contemplaba la transferencia de su participación en los puertos panameños a un consorcio liderado por la estadounidense BlackRock, como parte de una operación valorada en 22.800 millones de dólares. Tras el anuncio del fallo, las acciones del conglomerado cayeron un 4,6 % en la bolsa de Hong Kong.
Aunque la transacción había sido bien recibida por Estados Unidos, se ralentizó luego de que China advirtiera que el acuerdo podría afectar sus intereses estratégicos y llamara a actuar con cautela, bajo amenaza de consecuencias legales.
En abril, la Contraloría panameña acusó además a Hutchison de no haber pagado al Estado unos 1.200 millones de dólares derivados de sus operaciones. La empresa, sin embargo, sostiene que es el único operador portuario del país con participación estatal y que ha aportado 59 millones de dólares al gobierno en los últimos tres años.
El canal en el centro del debate
Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha reiterado que China controla el canal de Panamá, pese a que la vía es administrada por una entidad pública panameña autónoma. Panamá ha rechazado estas afirmaciones y subrayado que el canal opera bajo los tratados que garantizan igualdad de condiciones para todas las naciones.
La vía interoceánica, inaugurada por Estados Unidos en 1914 y transferida a Panamá en 1999, prevé inversiones superiores a 8.500 millones de dólares en la próxima década para ampliar y diversificar sus operaciones. Entre los planes figuran la construcción de dos nuevos puertos para 2029, un gasoducto y un nuevo embalse, proyectos que continúan despertando el interés de empresas internacionales, incluidas firmas chinas.
