Isabel Ciprian
Santo Domingo.– El expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), Teodoro Tejada, calificó como positiva la entrada en vigencia de la Ley 47-25 sobre Contrataciones Públicas, promulgada por el presidente Luis Abinader el 28 de julio del pasado año, al considerar que establece un nuevo marco regulatorio para los procesos de licitación y contratación de obras del Estado.
Tejada destacó que la normativa, tal como lo expresó el mandatario al momento de su promulgación, tiene un carácter inclusivo y participativo, al promover la integración de las mipymes y las mujeres en los procesos de contratación, además de contemplar sanciones penales para los funcionarios que incurran en violaciones a la ley.
No obstante, el profesional de la construcción advirtió que la efectividad de la legislación dependerá de su correcta aplicación, señalando que carecería de sentido que el Poder Ejecutivo promueva una ley robusta compuesta por 248 artículos, frente a los apenas 30 de la derogada Ley 340-06 si desde la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) se continúan emitiendo circulares que califica de excluyentes, abusivas y contrarias al espíritu de la transparencia.
Derogación de circular y nuevo escenario legal
En ese contexto, Tejada aseguró que con la entrada en vigencia de la Ley 47-25 queda sin efecto la circular DGCP44-PNP-2023-0011, la cual, en su artículo 7 numerales 1 y 2, establecía requisitos financieros excesivos para participar en licitaciones públicas, fijando márgenes de hasta 15 % para mipymes y 30 % para personas físicas o jurídicas.
Explicó que dicha circular estaba sustentada en el artículo 8, numeral 3, de la Ley 340-06 y su modificación 449-06, pero que el artículo 245 de la nueva legislación la deroga de manera expresa, al igual que su Reglamento de Aplicación, aprobado mediante el Decreto No. 416-23.
Tejada manifestó su expectativa de que, tras esta iniciativa del presidente Abinader orientada a fortalecer la transparencia y la sostenibilidad en el manejo de los recursos públicos, la DGCP se abstenga de emitir normativas que limiten la participación de proveedores, recordando que este tipo de disposiciones llegó a excluir a más del 95 % de los suplidores del Estado.
Finalmente, el también empresario de la construcción felicitó al mandatario por impulsar una ley que según afirmó promueve una contratación pública democrática, plural y verdaderamente participativa, alineada con los principios de equidad y transparencia institucional.
Ana María Soto Gross
