Isabel Ciprian
Santo Domingo.– El Ministerio Público informó que la operación Cobra desmanteló una red de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) que manipuló el sistema de vacunación nacional para facturar vacunas nunca aplicadas, inflar estadísticas y favorecer a centros privados contratados de manera irregular.
Según la solicitud de medida de coerción, la estructura, encabezada por el exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim, desvió más de RD$1,482 millones entre 2021 y 2025. Hasta 2019, las vacunas cubiertas por SeNaSa se aplicaban casi exclusivamente en centros públicos y solo existían dos prestadores privados autorizados, con costos limitados a la administración de dosis gratuitas suministradas por el Programa Ampliado de Inmunización (PAI).
El expediente describe cómo funcionaba el sistema regular: el Ministerio de Salud Pública despacha las vacunas a 40 direcciones provinciales y de área, que luego las distribuyen a 1,400 puestos de vacunación en todo el país. Estas dosis, provistas por la OPS, no estaban destinadas a la venta a privados. Entre 2022 y 2024, Salud Pública aplicó más de 12,3 millones de dosis en campañas masivas, alcanzando coberturas superiores al 98 %.
El cambio se produjo en 2020 con la llegada de Hazim a la dirección de SeNaSa. Según el Ministerio Público, este creó “un Comité de Contrataciones Médicas sin sustento legal” que habilitó irregularmente centros privados para la vacunación, multiplicando los prestadores de 2 a 20 en 2025. Esto permitió inflar estadísticas y facturar servicios no prestados, favoreciendo a empresas específicas.
Las auditorías internas revelaron incrementos inexplicables en la facturación y la población usuaria: entre 2021 y 2023, los beneficiarios pasaron de 16,768 a 63,619 personas. Las autorizaciones médicas crecieron de RD$50 millones en 2021 a RD$279 millones en 2023, un aumento del 453 %. El monto total facturado entre enero de 2021 y septiembre de 2025 ascendió a RD$1,482,863,701, de los cuales RD$407 millones correspondían a vacunas del PAI, que debían administrarse solo en centros públicos.
Los hallazgos más graves incluyen: facturación de vacunas inapropiadas según edad, sobreprecio sistemático, vacunas no aplicadas, servicios duplicados o inexistentes y uso indebido de dosis proporcionadas por el Ministerio de Salud Pública. Entre los prestadores implicados se mencionan Escudea Centro de Vacunación Infantil, Super Kiddos, Inmunizaciones San Cristóbal, Vacu Este y Vacumed, entre otros.
El Ministerio Público enfatizó que la manipulación del programa de vacunación fue especialmente grave, pues afectó la salud preventiva de millones de dominicanos, desviando recursos destinados a la inmunización infantil y transformando fondos públicos en beneficio ilícito de particulares.
Ana María Soto Gross
