Isabel Ciprian
Cientos de medicamentos oncológicos de alto costo donados al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) habrían sido dejados vencer o comercializados en la farmacia de la institución durante la administración pasada, según denunció el doctor Iván Alexis Mercader, actual presidente del Patronato Cibaeño contra el Cáncer.
Mercader explicó que, tras asumir la dirección del centro en octubre de 2025, la nueva directiva encontró un armario cerrado, cuya llave nunca apareció, que contenía grandes cantidades de fármacos de alto valor terapéutico. Ante la imposibilidad de abrirlo, el mueble tuvo que ser forzado, revelando medicamentos oncológicos, antibióticos intravenosos y muestras médicas donadas por laboratorios y por familiares de pacientes fallecidos que ya no los necesitaban.
De acuerdo con el galeno, estos insumos permanecieron almacenados sin ser utilizados, lo que provocó que muchos caducaran. Otros, en cambio, habrían sido incorporados al inventario de la farmacia institucional para su venta, bajo el argumento de que no debían regalarse porque eso afectaría la compra de medicamentos por parte de los pacientes.
El presidente del Patronato calificó esta práctica como “inhumana” y responsabilizó a la antigua directiva, encabezada por el ingeniero Héctor Lora, señalando que un porcentaje de pacientes —estimado entre un 2 % y un 3 %— pudo haberse visto privado de tratamientos esenciales por no contar con los recursos económicos para adquirirlos.
Contexto de la transición administrativa
La denuncia se produce en el marco de un complejo proceso de transición en el IORC. En septiembre de 2025, el cirujano oncólogo Juan Vila fue destituido como jefe de cirugía oncológica tras denunciar presuntas irregularidades administrativas, hecho que derivó en la renuncia y despido de varios médicos del centro.
Posteriormente, salieron a la luz reportes de pacientes que recibían quimioterapia en salas de emergencia debido a la falta de recursos, lo que incrementó las preocupaciones sobre la calidad de la atención. El 15 de octubre de 2025, el Ministerio Público juramentó una nueva directiva del IORC, presidida por Mercader, luego de una asamblea extraordinaria de médicos, con el respaldo del Colegio Médico Dominicano.
La institución se encontraba bajo investigación por múltiples señalamientos, entre ellos presunta privatización de espacios, pagos sin soporte, nepotismo, ausencia de sistemas contables adecuados, adquisición irregular de vehículos y acumulación de deudas millonarias con proveedores y personal médico. Estas situaciones dieron lugar a una querella ante la Procuraduría General de la República.
A finales de octubre, la nueva administración solicitó apoyo estatal y del sector privado para enfrentar compromisos financieros superiores a los 150 millones de pesos, atribuidos a la gestión anterior. Paralelamente, se inició una auditoría externa integral para determinar el estado real de las finanzas y operaciones del centro.
El conflicto se agravó cuando la directiva saliente bloqueó las cuentas bancarias del Patronato. No obstante, el 18 de noviembre un tribunal de Santiago ordenó levantar el embargo, permitiendo la reanudación de las operaciones financieras. Pese a ello, el 22 de diciembre de 2025 se intentó un nuevo embargo, nuevamente revertido por disposición judicial.
En paralelo, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) confirmó que mantiene abierta una investigación contra exdirectivos del IORC por presuntos delitos que incluyen asociación criminal, desvío de fondos, cobros irregulares a ARS y alteración de facturas de medicamentos de alto costo.
Ana María Soto Gross
