Isabel Ciprian
El Partido de la Liberación Dominicana denunció que el Gobierno ha destinado más de RD$22,369 millones en alquiler de locales desde 2021, calificando este monto como un uso excesivo de los recursos públicos que, a su juicio, afecta el patrimonio del Estado.
La organización política citó datos de la Dirección General de Presupuesto, indicando que esta cifra corresponde únicamente a instituciones del Poder Ejecutivo y entidades descentralizadas, sin incluir ayuntamientos ni otros organismos.
Según el PLD, el gasto en alquileres ha mantenido una tendencia al alza en los últimos años. Señaló que en 2025 se superaron los RD$5,000 millones en este concepto, alcanzando el nivel más alto del período, mientras que para 2026 se han presupuestado RD$6,898 millones. Además, afirmó que existen 865 contratos activos registrados en la Dirección General de Contrataciones Públicas.
Aunque el partido reconoció que en algunos casos el alquiler de espacios es necesario, cuestionó la ausencia de una política clara en esta área, especialmente en un contexto marcado —según indicó— por demandas sociales urgentes relacionadas con salarios, combustibles y servicios de salud.
En ese sentido, sostuvo que el aumento del gasto refleja falta de planificación estratégica, al considerar que esos recursos podrían invertirse en infraestructura estatal propia y en el fortalecimiento de servicios públicos. También advirtió que cerca del 80 % del gasto se concentra en unas 20 instituciones, lo que, a su entender, evidencia debilidades en la gestión eficiente de los fondos públicos.
Asimismo, el PLD denunció la existencia de contratos adjudicados a proveedores previamente sancionados. Como ejemplo, mencionó a la empresa Kury Limited, que —según el partido— mantiene acuerdos vigentes pese a haber sido suspendida anteriormente por prácticas irregulares.
Ante esta situación, el PLD solicitó la realización de una auditoría integral de los contratos de alquiler desde 2021, la elaboración de un Plan Nacional de Infraestructura Pública que permita reducir este tipo de gastos y la creación de un inventario único de bienes del Estado para mejorar la transparencia y la gestión. Además, reiteró que continuará con su labor de fiscalización para asegurar un uso más eficiente de los recursos públicos.
Ana María Soto Gross
