En Santo Domingo, organizaciones como Participación Ciudadana y el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) han manifestado su preocupación ante las recientes investigaciones que vinculan a exfuncionarios del Partido Revolucionario Moderno (PRM) con redes de narcotráfico. Estas entidades instaron al partido oficialista a fortalecer sus mecanismos internos de control y a garantizar una gestión transparente que preserve la confianza ciudadana.
Los representantes de ambas organizaciones señalaron que no es la primera vez que el PRM se ve envuelto en este tipo de controversias, acumulando ya más de cinco casos similares. Advirtieron que la política dominicana se ha convertido en un terreno vulnerable, donde el costo de participación y la falta de filtros éticos facilitan la infiltración de intereses ilícitos.
Desde el Congreso, legisladores del oficialismo respaldaron la decisión del presidente Luis Abinader de colaborar con agencias internacionales en la investigación que involucra al exasesor de zonas francas, Fabio Augusto Jorge Puras. También está bajo investigación Gaspar Antonio Polanco Virela, exdirector de servicios públicos del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Ambos son señalados por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la DEA por presunto tráfico de estupefacientes en operaciones que se remontan a 2003 y se extendieron hasta 2019.
Los congresistas oficialistas reiteraron que no existen “barcas sagradas” y que cualquier persona implicada en actividades ilícitas será sancionada conforme a la ley. Aunque reconocen que ningún partido está exento de irregularidades, defendieron que el PRM ha respondido con acciones concretas ante cada denuncia.
Por otro lado, la oposición criticó duramente al partido de gobierno. Un vocero opositor declaró que “si existiera un premio al partido con más narcotraficantes, el PRM lo ganaría”, y exigió una revisión profunda de sus estructuras internas.
Diversos sectores de la sociedad civil coincidieron en que la mezcla entre narcotráfico y política representa una amenaza grave para la democracia. Advirtieron que estos escándalos erosionan la credibilidad del sistema de partidos y debilitan la institucionalidad.
Analistas políticos alertaron que la persistencia de estos casos podría afectar la imagen internacional de la República Dominicana, con repercusiones negativas en la inversión extranjera y las relaciones diplomáticas. Por ello, insistieron en que las investigaciones deben avanzar con rapidez y sin privilegios, como muestra del compromiso del país en la lucha contra el crimen organizado.
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