Isabel Ciprian
Cuando Santiago Hazim fue designado como director del Seguro Nacional de Salud (Senasa), publicó en su cuenta de X (antes Twitter) un mensaje en el que afirmaba que trabajaría con ética y honradez al frente de la institución.
“Agradezco al Consejo del Seguro Nacional de Salud por la distinción de elegirme como Director Ejecutivo de @Senasa. Cumpliremos con la misión encomendada, junto a nuestro presidente @LuisAbinader, servir al país con honradez y eficiencia”, expresó en esa ocasión.
Sin embargo, esa declaración es precisamente una de las evidencias citadas por el Ministerio Público en la solicitud de medidas de coerción contra él y otros nueve imputados por un presunto desfalco millonario al Estado.
El MP lo acusa de llegar con un plan previo para desfalcar a Senasa
En el expediente, el órgano acusador sostiene que, pese al mensaje público de compromiso, Hazim asumió el cargo con la intención premeditada de desviar fondos de la principal ARS del país para beneficio propio.
“Las pruebas demuestran que llegó con el plan preconstituido de drenar los fondos del Seguro Nacional de Salud (Senasa), para enriquecerse a través de actos de corrupción como cobros de sobornos a empresas contratadas”, señala la acusación.
Hazim, identificado por el Ministerio Público como el líder de una estructura compuesta por otras nueve personas, habría comenzado las maniobras ilícitas desde el 21 de agosto de 2020, fecha de su designación mediante el decreto 377-20.
Un entramado de corrupción dentro de la institución
De acuerdo con el documento acusatorio, desde su llegada a Senasa el exdirector se habría rodeado de un círculo íntimo de colaboradores con quienes instaló un esquema de corrupción institucionalizada.
Entre las acciones atribuidas al grupo figuran: recepción de sobornos, falsificación de estados financieros, manipulación contable, creación de programas fraudulentos, privatización irregular de servicios, coalición de funcionarios, prevaricación y estafa al Estado.
El Ministerio Público enfatiza que Hazim tenía la obligación legal y moral de proteger los recursos de la institución que, al día de hoy, brinda cobertura al 70 % de la población dominicana.
Impacto directo en los afiliados
El supuesto desfalco habría comprometido fondos destinados a garantizar la atención médica de la población más vulnerable, afectando de manera directa a millones de afiliados que dependen de la ARS estatal.
El expediente, que supera las 500 páginas, describe múltiples ejes operativos de corrupción que habrían sido articulados por empresarios, profesionales de la salud, particulares y funcionarios públicos bajo la dirección de Santiago Marcelo Hazim Albainy, según sostiene el Ministerio Público.
