Isabel Ciprian
La Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) acogió una demanda en responsabilidad patrimonial presentada por el abogado administrativista y exconsultor jurídico de Pro Consumidor, Félix Pujols Jerez, y ordenó el pago de una indemnización por daños y perjuicios ascendente a RD$3,000,000.00 por parte de la Dirección Ejecutiva y el Consejo Directivo de dicha entidad.
La sentencia, dictada en cumplimiento de una decisión previa de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), también condena de manera personal a varios exfuncionarios de Pro Consumidor, incluyendo a Altagracia Paulino (exdirectora ejecutiva) y Anina del Castillo (expresidenta del Consejo y exdirectora), así como a los exmiembros del Consejo Directivo Circe Almánzar Melgen, Zoila González de Gutiérrez, Nelson Gómez Moscat, Odile Miniño Bogaert, Alfonsina Cuesta Lora y Salvador Polanco. Cada uno deberá pagar RD$200,000.00 a favor de Pujols Jerez, como compensación por su responsabilidad personal en los actos ilegales e inconstitucionales cometidos.
Según establece el fallo, firmado por los jueces Ramón Berroa Hiciano (presidente), Claudia María Peña Peña y Cecialia Badía Rosario, el demandante fue víctima de un proceso disciplinario arbitrario, degradado injustamente en sus funciones y posteriormente desvinculado sin causa justificada, pese a ser un servidor público de carrera con desempeño íntegro y competente.
El tribunal consideró probado que Félix Pujols Jerez sufrió un daño moral real y verificable, al experimentar angustia, afectación emocional y desmedro personal y profesional como consecuencia directa de las decisiones administrativas emitidas por Pro Consumidor.
Además de la compensación por daño moral, el TSA ordenó a la institución el pago de todos los salarios dejados de percibir desde el año 2014, en concepto de lucro cesante.
La sentencia, de 76 páginas, detalla los once años de procesos judiciales que enfrentó Félix Pujols Jerez en su búsqueda de justicia, convirtiéndose en un caso emblemático sobre la protección de los derechos de los servidores públicos de carrera en el país.
Ana María Soto Gross
