Ana María Soto Gross
El Tribunal Constitucional (TC) estableció que la Procuraduría General de la República (PGR) no puede negarse a emitir una certificación sobre antecedentes penales cuando una persona solicite ese documento, aunque registre algún historial judicial.
La alta corte determinó que, si el ciudadano cuenta con antecedentes penales, la institución deberá entregar una certificación que indique su situación jurídica, en lugar de rechazar la solicitud o mantenerla sin respuesta.
La decisión surge tras el caso de un hombre al que la Procuraduría Fiscal de El Seibo le negó una certificación de no antecedentes penales debido a que figuraba vinculado a un proceso judicial, pese a que no existía una sentencia condenatoria definitiva en su contra.
El ciudadano alegó que esa negativa afectó sus oportunidades laborales, le impidió obtener un visado y vulneró derechos relacionados con su honor, imagen e intimidad personal.
Al analizar el caso, el Tribunal Constitucional recordó que una investigación penal o un proceso abierto no constituyen antecedentes penales, ya que estos solo se generan cuando existe una sentencia condenatoria con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
La alta corte revocó la decisión que respaldaba la actuación de la Fiscalía de El Seibo y acogió la acción de hábeas data, al considerar que se vulneraron derechos fundamentales del solicitante.
El TC también reiteró que negar una certificación de no antecedentes penales a una persona que no ha sido condenada representa una afectación a la presunción de inocencia, al tratarse de una especie de condena anticipada.
Con esta sentencia, el tribunal diferencia entre la certificación de no antecedentes penales, que corresponde únicamente a quienes no tienen condenas definitivas, y la obligación del Estado de entregar información oficial sobre la situación jurídica de cualquier ciudadano.
El documento de antecedentes penales es requerido con frecuencia para procesos de empleo, solicitudes de visa, ingreso a centros educativos y otros trámites administrativos. Actualmente, la emisión del servicio tiene un costo de 800 pesos.
