Isabel Ciprian
El Ministerio Público presentó sus conclusiones ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, solicitando penas de prisión de 25 y 15 años contra los miembros de una presunta red de trata y explotación de mujeres extranjeras, desmantelada en agosto de 2022 durante la Operación Cattleya.
La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), encabezada por Yoanna Bejaran Álvarez, junto a los fiscales Aleika Almonte, Ginna Matías, Noelia Tavera y Eduardo Velásquez, pidió una condena de 25 años de prisión y el pago de una multa de 150 salarios mínimos para los imputados José Miguel Michel Guridis, Daniel Enrique Inirio Abreu, Alejandro Arturo García Bustamante (alias Gato), José Alberto Soriano Rosario, María Paula Murillo Vargas, Wilcene Oscar, Melvin José Valentín Peguero, Dionicio Mieses De la Cruz (alias Dionis), Zafiro Nathaly Sánchez González, Engel Neftalí Vargas Soto (alias Ángel) y Robert Eleuterio Lee Paniagua.
Asimismo, el Ministerio Público solicitó una pena de 15 años de prisión y una multa de 100 salarios mínimos para Cristina Virginia González Hernández, Carlos Jonathan Walwyn, Oliver Arnaud (alias Timothy Case) y Braulio Manuel Lugo.
Los acusados están señalados por integrar una estructura criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual y tráfico ilícito de migrantes. Se les imputa capturar, trasladar y explotar sexualmente a mujeres, principalmente extranjeras, bajo falsas promesas de empleo en el país. Además, enfrentan cargos por asociación de malhechores y lavado de activos, ya que obtuvieron beneficios económicos de esta actividad ilícita.
El Ministerio Público presentó evidencia de la vinculación de los acusados, quienes presuntamente coordinaron las actividades delictivas a través de grupos de WhatsApp y redes sociales. A través de estos medios, promocionaban a las víctimas, las vendían y obtenían ganancias ilegales derivadas de su explotación.
En cuanto a la empresa Oscar Inn Hotel Santo Domingo SRL, el Ministerio Público solicitó que sea declarada culpable y disuelta por violar las leyes sobre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.
Las juezas del Tercer Tribunal Colegiado, Arlin Ventura Jiménez, Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez, cerraron los debates y se retiraron para deliberar. La lectura del fallo está programada para el próximo 11 de marzo a las 9:00 a.m.
Ana María Soto Gross
