Isabel Ciprian
SANTO DOMINGO.– Tras transcurrir 96 días desde su aprobación definitiva en el Congreso Nacional, el Senado de la República concluyó el envío de la modificación de la Ley 225-20, que regula la Gestión Integral y el Cooprocesamiento de Residuos Sólidos, hacia el Poder Ejecutivo, según consta en el Sistema de Información Legislativa (SIL) de la Cámara Alta, que confirma la entrega del documento a la consultoría jurídica del Gobierno.
Este trámite activa el plazo constitucional que establece el artículo 102 de la Constitución, el cual otorga al presidente Luis Abinader solo cinco días para promulgar o devolver la ley con observaciones tras recibirla, en los casos en que la ley sea aprobada mediante declaración de urgencia.
El proceso legislativo previo estuvo marcado por diferencias entre el presidente Abinader y el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quienes intercambiaron señalamientos sobre el retraso cuando los periodistas les preguntaban al respecto.
Días después de la última discusión de la ley en el Senado, específicamente el 28 de julio, el mandatario había anunciado su intención de presentar observaciones para corregir errores, aunque todavía no tenía la ley en su poder. Por su parte, De los Santos explicó el 11 de agosto que el envío no se había completado porque esperaba las observaciones del presidente para cumplir con el artículo 101 de la Constitución.
Sin embargo, el 1 de septiembre, el presidente Abinader indicó ante la prensa que la ley permanecía bajo el control de De los Santos:
“La ley de residuos sólidos es bueno que ustedes le pregunten al presidente del Senado, que es él (Ricardo de los Santos) que la tiene allá en el Senado, nosotros, inmediatamente llegue, vamos a hacer…”, expresó durante La Semanal.
En contraste, el legislador reafirmó que la demora se debía al consenso que se buscaba con los sectores vinculados a la implementación de la ley. “Estamos haciendo análisis de la ley en la Secretaría General Legislativa y consultando con el Poder Ejecutivo para que, una vez estén las observaciones disponibles, podamos enviarla y darle el curso correspondiente”, indicó el 31 de agosto.
Retranca atribuida al sector empresarial
El presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, Juan Medina, sostuvo que la retranca en el proceso se originó por el sector empresarial, que intentaba evitar el pago del aporte establecido para el tratamiento de residuos.
“La retranca de eso es el aporte que deben hacer las empresas, que aquí nadie quiere pagar. Las empresas que más iban a pagar eran 600 y picos de miles de pesos al año. Pero es que aquí nadie quiere pagar, aquí todo lo quiere (regalado)”, declaró.
Plazos constitucionales y reglamentarios
Aunque el artículo 101 de la Constitución no impone un plazo inmediato para enviar al Poder Ejecutivo un proyecto aprobado por el Congreso, el Reglamento del Senado establece un límite máximo de 15 días para cumplir este procedimiento, según el artículo 180:
“Si la iniciativa aprobada por el Pleno requiere su tramitación a la Cámara de Diputados o al Poder Ejecutivo, el plazo para remitirla a dichas instancias no será mayor de quince días desde la fecha de aprobación del mismo.”
En respuesta a la demora, la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim) emitió un comunicado el 31 de agosto, advirtiendo que, a su juicio, el Senado tenía “secuestrada” la ley, generando preocupación sobre los tiempos de aplicación de la normativa en materia de gestión de residuos sólidos.
