Isabel Ciprian
Luego de más de dos décadas de debates, aplazamientos y controversias, el Senado de la República Dominicana aprobó el nuevo Código Penal, un proyecto que había estado estancado en el Congreso Nacional durante más de 22 años.
La aprobación fue calificada como un hito legislativo histórico, aunque no estuvo exenta de tensiones, especialmente por la reincorporación del tema del aborto en el texto final. El polémico artículo sobre las causales volvió a dividir a los legisladores entre los bloques «pro vida» y «pro causales», reflejando el fuerte debate social y político que existe en torno a este tema en el país.
Aunque el proyecto había dejado inicialmente fuera las eximentes que permiten el aborto en casos específicos, los congresistas decidieron incluirlas nuevamente en el artículo 112, contemplando situaciones como el riesgo para la vida de la madre. Durante la sesión, varios senadores cuestionaron la omisión inicial y defendieron el derecho de las mujeres a tomar decisiones médicas informadas en contextos críticos.
Uno de los puntos más debatidos fue la posibilidad de obligar a una mujer a llevar a término un embarazo inviable: “Con la tecnología de hoy, sabemos que ese feto va a morir. Obligarlas a pasar por una cesárea solo para cumplir con una postura política es un crimen”, afirmó un senador durante su intervención.
Sin embargo, más allá del tema del aborto, el nuevo Código Penal incluye reformas significativas. Entre ellas, se destaca el cúmulo de penas hasta los 60 años, endurecimiento de sanciones por reincidencia, la tipificación de nuevos delitos y una postura más firme contra la criminalidad.
El senador Alexis Victoria Yeb aseguró que el proyecto fue producto de un consenso entre ambas cámaras: “Trabajamos juntos hasta el último día, y confiamos en que la Cámara de Diputados lo aprobará sin cambios”.
Por su parte, el senador Rogelio Genao resaltó que el nuevo código “coloca al país un paso adelante en la lucha contra la delincuencia”, mientras que el senador Antonio Marte expresó satisfacción por el logro legislativo: “Después de muchos obstáculos, al fin logramos sancionarlo”.
El proyecto ahora pasa a la Cámara de Diputados, donde deberá ser conocido en un plazo no mayor a cinco días, justo antes del cierre de la presente legislatura. Este cronograma ajustado pone presión sobre los diputados para concluir un proceso que ha tardado más de dos décadas en llegar a este punto decisivo.
Con esta aprobación, la República Dominicana da un paso crucial hacia una reforma penal más moderna, aunque el debate sobre los derechos reproductivos de las mujeres promete seguir generando controversia en el escenario político y social del país.
Ana María Soto Gross
