Isabel Ciprian
La fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, expresó su profunda preocupación por el auge de campañas de difamación, chantaje y ataques personales que proliferan en redes sociales, protagonizadas por individuos que se hacen pasar por comunicadores.
Durante una entrevista en el programa Hoy Mismo, Ramos calificó este fenómeno como “preocupante y sin precedentes” y advirtió que no se trata de casos aislados ni de simples conflictos mediáticos, sino de una amenaza directa al bienestar emocional y a la dignidad de muchas personas, incluidos menores de edad.
“Lo que estamos viendo va más allá del escrutinio público legítimo. Estamos hablando de un daño emocional y mental profundo que afecta no solo a figuras públicas, sino también a sus familias. Hay niños que están siendo expuestos injustamente”, señaló la magistrada visiblemente conmovida.
Ramos destacó que su despacho está actuando no por presión mediática, sino por la necesidad de frenar una dinámica que está erosionando los principios básicos del respeto y la convivencia. “Hoy, lo que era la excepción parece haberse convertido en la norma: difamar sin pruebas, exponer aspectos íntimos de la vida de otros, chantajear a cambio de limpiar reputaciones”, afirmó.
Uno de los ejemplos citados por la fiscal fue el caso de la ministra Faride Raful, víctima de una campaña digital que incluso afectó a su hijo menor. También mencionó el proceso judicial contra el comunicador Ángel Martínez, acusado formalmente por difamación, y otros casos similares en distintas jurisdicciones.
Una respuesta firme y legal
La fiscal Ramos dejó claro que la libertad de expresión no está en juego, pero sí los límites legales que impiden que ese derecho se utilice para agredir o destruir la reputación de otros.
“Estamos presentando acusaciones formales y obteniendo condenas. Ya no será suficiente decir que fue una ‘opinión’. Si hay daño, habrá consecuencias”, advirtió.
Además, explicó que el Ministerio Público ha adoptado una nueva estrategia para enfrentar estas conductas con firmeza y coherencia a nivel nacional. “Nos reunimos cada semana y esto es un tema recurrente. Muchos fiscales también han sido blanco de este tipo de violencia digital. Es hora de actuar de forma articulada”, expresó.
“No se trata de censura, se trata de justicia”
Ante los cuestionamientos sobre posibles intentos de censura, Ramos fue categórica: “Opinar no es lo mismo que chantajear. Investigar no es inventar. Nosotros vamos a seguir defendiendo los derechos, pero también vamos a aplicar la ley. Se acabó el relajo”.
Con un mensaje final directo, la fiscal advirtió que toda persona que use las plataformas digitales para dañar, chantajear o difamar, deberá rendir cuentas ante la justicia.
Ana María Soto Gross
