Santo Domingo.– La Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) anunció la apertura de una investigación de oficio contra las empresas Indermerica, S.R.L.; Paulino Moreta Cocina Industrial S.R.L.; y Andreina Ortiz Paulino, tras detectar indicios de presunta colusión en un proceso de compras públicas convocado por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) para el Programa de Alimentación Escolar.
La resolución No. RII-DE-AAC-005-2025 señala que durante el análisis de la documentación presentada en la licitación se identificaron patrones que podrían evidenciar coordinación entre los oferentes, tales como vínculos societarios, números telefónicos compartidos en registros notariales, numeración consecutiva en cartas bancarias y similitudes en la redacción de formularios y montos de las ofertas económicas. Además, se detectó el uso de la misma empresa de fumigación con programas idénticos, lo que refuerza la hipótesis de manipulación coordinada de los resultados del proceso.
“Los elementos recabados sugieren que los agentes económicos investigados no actuaron como competidores independientes, sino como un grupo que coordinó su conducta durante la licitación INABIE-CCC-LPN-2023-0049”, indica la resolución, que aclara que esta fase investigativa no prejuzga culpabilidad y garantiza el derecho de defensa de las empresas involucradas.
Con esta apertura, suman cinco las investigaciones iniciadas por Pro-Competencia en 2025, que incluyen a 16 agentes económicos.
La colusión constituye una infracción grave a la Ley General de Defensa de la Competencia núm. 42-08, que prohíbe acuerdos entre oferentes para coordinar ofertas o abstenerse de participar en licitaciones, afectando la transparencia y eficiencia de los procesos de contratación pública. Este tipo de prácticas distorsiona el mercado, incrementa artificialmente los precios y reduce la competencia, impactando directamente en el bienestar de los ciudadanos.
La investigación busca determinar si existió concertación y establecer las sanciones correspondientes, reforzando los mecanismos que promueven la libre competencia y la integridad en los procesos de compras estatales.
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