Isabel Ciprian
Santo Domingo. – La crisis eléctrica que azota a República Dominicana ha alcanzado un punto crítico. En un giro de alto impacto político y social, el presidente Luis Abinader declaró el sistema energético en estado de emergencia nacional, a través del Decreto 517-25, una medida que ha generado reacciones encontradas en todo el país.
El decreto —compuesto por 13 considerandos, 7 vistos y 8 artículos— autoriza a las empresas distribuidoras de electricidad (EDES) a realizar compras y contrataciones sin pasar por procesos de licitación, bajo el argumento de acelerar soluciones ante los prolongados apagones que afectan a comunidades con cortes de hasta 12 horas diarias.
¿Solución urgente o vía libre para el gasto sin control?
El Gobierno defiende la medida como una herramienta necesaria para «agilizar respuestas» ante el colapso estructural del sistema eléctrico, citando como antecedentes normativos los decretos de emergencia de 2011 y 2013. Entre las adquisiciones permitidas sin licitación figuran bombillos, cables, postes, plantas de generación, baterías y hasta servicios de consultoría técnica.
El objetivo declarado es reducir el impacto de la crisis en un plazo de un año, aunque especialistas advierten que los problemas del sector eléctrico no se solucionan por decreto, y mucho menos a corto plazo.
La oposición cuestiona la legalidad y la transparencia
El decreto ha encendido la oposición. El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP) acusan al gobierno de improvisar y de utilizar la crisis como excusa para abrir la puerta al gasto sin fiscalización.
“El Gobierno no necesita un decreto, necesita gestión. Bajar un solo punto porcentual en pérdidas toma al menos dos años de trabajo constante”, criticó Juan Moreno, vocero del PLD.
Johnny Pujols, dirigente de FP, fue más tajante:
“No se han ganado la confianza para manejar una herramienta tan amplia como esta. Hay riesgo de repetir errores del pasado”.
Expertos en energía advierten sobre falta de previsión
José Luis Moreno, experto en política energética, calificó la situación como previsible.
“Faltan licitaciones anuales, planificación de la demanda y al menos dos plantas de generación siguen fuera de operación. Esta crisis no es una sorpresa”, afirmó.
Sociedad civil alerta sobre riesgo de corrupción
Incluso sectores tradicionalmente neutrales, como Participación Ciudadana, se han pronunciado. En un comunicado urgente, la organización calificó como insuficientes las medidas del Ejecutivo y exigió transparencia total en cada contratación.
“La historia demuestra que los estados de emergencia, sin controles claros, terminan en escándalos de corrupción”, advirtió el organismo.
Ciudadanía a la espera… y a oscuras
Mientras tanto, la población continúa enfrentando apagones prolongados, afectando hogares, negocios y hospitales. La paciencia se agota, y el temor es que la declaratoria de emergencia se convierta en una «licencia para gastar», más que en una solución estructural.
La pregunta que flota en el aire es clara: ¿será este decreto un paso necesario para resolver la crisis energética, o el inicio de una nueva etapa de opacidad y despilfarro?
