Isabel Ciprian
Santo Domingo.- El empresario José Enrique Yáber y su esposa, Michelle Pomares, denunciaron que llevan más de cuatro años enfrascados en un complejo proceso judicial tras haber entregado US$300,000 como pago por un apartamento en el proyecto Torre Bellorizonte, ubicado en el Distrito Nacional. Según la pareja, la unidad fue posteriormente transferida a terceros sin su conocimiento.
El conflicto se originó en noviembre de 2017, cuando Yáber y Pomares firmaron un contrato de promesa de venta para el apartamento 11-A del proyecto, con entrega prevista para enero de 2019. Tras incumplirse el plazo y luego de varios intentos de seguimiento, la pareja constató que la unidad había sido incluida en una serie de transferencias realizadas el 25 de febrero de 2020, en las que 26 apartamentos del mismo proyecto fueron traspasados a una empresa recién constituida.
Además, sostienen que otras unidades fueron transferidas a sociedades que, según los registros legales revisados por sus abogados, ni siquiera existían al momento de las operaciones.
Acciones legales
En marzo de 2021, la pareja presentó una querella penal por presuntos delitos de asociación de malhechores, abuso de confianza, bancarrota y lavado de activos. Desde entonces, según su versión, el proceso ha estado marcado por decisiones de archivo, solicitudes de pruebas demoradas y varios incidentes procesales.
La defensa de Yáber y Pomares sostiene que la Fiscalía del Distrito Nacional archivó actuaciones sobre algunas personas y entidades vinculadas al caso sin agotar las diligencias solicitadas. Por ello, recurrieron a la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que revocó los archivos y ordenó el envío a juicio de quienes habían sido excluidos del expediente.
Posteriormente, el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional instruyó al Ministerio Público a completar varias diligencias de investigación, que debieron ser ejecutadas bajo nuevas órdenes judiciales ante su incumplimiento inicial.
El caso ha transitado por distintas instancias judiciales. Según los abogados, decisiones de cortes superiores que ordenaban continuar el proceso han sido seguidas por resoluciones de tribunales de primera instancia que declararon nulidad o inadmisibilidad de la acusación, basadas en objeciones procesales sobre el tipo de acción aplicable a algunos hechos denunciados.
Actualmente, el expediente está pendiente de conocimiento en la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que fijó el juicio de fondo para el 18 de marzo de 2026.
“La expectativa de nuestros representados es que el caso sea finalmente conocido en juicio de fondo”, indicaron los abogados, quienes aseguran que el expediente contiene documentación detallada sobre las transferencias cuestionadas y el recorrido de los fondos entregados.
Por su parte, Yáber señaló que el caso plantea dudas sobre la eficacia de los mecanismos de protección para compradores en operaciones inmobiliarias y la capacidad institucional para resolver este tipo de controversias.
Ana María Soto Gross
