Isabel Ciprian
Un tribunal impuso seis meses de prisión preventiva a Rubén Darío Rodríguez Campos y a su hijo Rubén Darío Rodríguez Báez, acusados de participar en el secuestro de Magdalena Peña Encarnación, ocurrido el pasado 27 de mayo en el sector Luz Divina, en Santo Domingo Oeste.
La jueza Cecilia Toribio, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de ese distrito judicial, acogió la solicitud del Ministerio Público, representado por los fiscales Jerjes Pérez y Yessica Durán, que también logró que el caso fuera declarado complejo, debido a la gravedad de los hechos y la participación de múltiples personas.
Los acusados cumplirán la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
Así ocurrió el secuestro
Según la solicitud de medida de coerción, los imputados actuaron junto a Jesús Manuel Báez y Waldy Daniel Adames, quienes murieron durante un enfrentamiento con la Policía Nacional.
El grupo ingresó armado al negocio de comida de la víctima, fingiendo un asalto. Una vez dentro, obligaron a todos los presentes a tirarse al suelo y los amarraron con cinta plástica, para luego sacar a Peña Encarnación con el rostro cubierto y las manos atadas, introduciéndola en un vehículo rentado previamente por Rodríguez Campos (padre).
La mujer fue llevada a un apartamento en la calle Respaldo 4, del sector Las Palmas de Herrera. La localización del lugar fue posible gracias a labores de inteligencia activadas tras la denuncia de su esposo, Manuel Aquiles Álvarez Eusebio, quien informó que había recibido una llamada exigiendo un rescate de tres millones de pesos.
Rescate y arrestos
Durante el operativo de rescate, Peña Encarnación fue hallada sola, con los ojos vendados y las manos atadas, sentada en el suelo del apartamento. Aprovechando la salida de Rodríguez Báez (hijo) a comprar un jugo, logró pedir ayuda a los vecinos, quienes alertaron a las autoridades. El joven fue arrestado en el parqueo del edificio en flagrante delito.
El Ministerio Público calificó los hechos como violación a la Ley 583 sobre Secuestro, así como asociación de malhechores conforme a los artículos 265 y 266 del Código Penal, y violación a varios artículos de la Ley 631-16 sobre Armas. La investigación continúa abierta, mientras los imputados permanecen bajo prisión preventiva.
Ana María Soto Gross
