Omar Fernández cuestiona emisión de bonos y advierte sobre recursos sin ejecutar

Santo Domingo.– El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, denunció que el Gobierno dominicano colocó US$2,750 millones en bonos soberanos, pese a que más de US$3,700 millones correspondientes a préstamos anteriores permanecen sin ejecutar en cuentas públicas.

El legislador sostuvo que el debate no debe centrarse en la toma de deuda en sí, sino en la eficiencia con la que se utilizan los recursos obtenidos.

“El problema no es pedir prestado; el problema es pedir prestado para nada. Guardar deuda no genera bienestar; genera facturas”, expresó. Según sus cálculos, al sumar ambos montos el país acumula cerca de US$6,500 millones en recursos que no han tenido un impacto visible en infraestructura, servicios públicos o dinamización económica, lo que equivaldría a unos US$600 por cada ciudadano.

Impacto en la economía

Fernández, miembro del partido Fuerza del Pueblo, vinculó la baja ejecución de los fondos con el crecimiento económico actual, que —según indicó— se sitúa en 2.1 %, por debajo del potencial histórico de la República Dominicana.

El senador argumentó que si los recursos no se traducen en mejoras en carreteras, sistemas de drenaje, infraestructura eléctrica, zonas industriales o inversión en innovación y conocimiento, dejan de representar inversión productiva y se convierten en un costo financiero para el país. Asimismo, advirtió que la demora en la ejecución afecta tanto a la generación presente como a las futuras.

Propuesta

Como alternativa, planteó la implementación de un plan agresivo de inversión de capital que permita reducir el rezago acumulado desde 2020 y propuso suspender nuevas emisiones de deuda hasta que se utilicen los recursos ya disponibles.

“Cuando el Estado ahorra en infraestructura, el pueblo paga en atraso. Hoy tenemos la oportunidad de convertir ese dinero en desarrollo real para la gente”, concluyó.

La República Dominicana ha recurrido históricamente a préstamos y emisiones de bonos soberanos para financiar proyectos de infraestructura, programas sociales y otras iniciativas orientadas al desarrollo, como parte de su estrategia para mantener la liquidez y respaldar el crecimiento económico.