Nuevo Código Penal establece sanciones por ultrajes privados a funcionarios públicos

El nuevo Código Penal dominicano, promulgado por el presidente Luis Abinader mediante el decreto 74-25, incluye nuevas figuras penales que han generado debate. Entre ellas, el artículo 310 establece sanciones para quienes realicen amenazas o expresiones denigrantes, aunque no sean públicas, contra funcionarios o servidores del Estado.

Según el texto legal, se considera ultraje “el hecho de pronunciar palabras o amenazas, o enviar escritos, imágenes o cualquier tipo de objeto, de modo no público, pero que afecten la dignidad personal o la de las funciones que desempeña algún funcionario o servidor público”.

Esta conducta será castigada con penas de 15 días a un año de prisión menor y una multa equivalente a dos o tres veces el salario del funcionario afectado al momento de la infracción.

Código Penal endurece y flexibiliza penas según circunstancias

El nuevo cuerpo legal también contempla penas más severas para delitos graves. Las sanciones máximas aumentan de 30 a 40 años, y hasta 60 años en casos de concurso de infracciones graves (cuando una persona comete múltiples delitos al mismo tiempo).

No obstante, el Código introduce también la “excusa legal de la provocación”, que permite reducir las penas cuando se demuestre que la persona actuó como respuesta a provocaciones, amenazas o violencias graves.

“El homicidio, las heridas y los golpes son excusables, si de parte del ofendido han precedido inmediatamente provocación, amenazas o violencias graves”, establece el artículo 21.

Las penas, en esos casos, podrían reducirse a:

• 2 a 5 años si se trata de una infracción muy grave con pena de hasta 20 años.
• 1 a 2 años si es otra infracción muy grave.
• 15 días a 1 año si es una infracción grave.

Entrada en vigor en 2026

El nuevo Código Penal, que reemplaza al vigente desde 1884, entrará en vigencia en un plazo de 12 meses, en agosto de 2026. Su aprobación y promulgación han sido calificadas por el Ejecutivo como un paso importante hacia la modernización del sistema judicial penal en República Dominicana.